En el remoto firmamento abunda la aparatosa pirotecnia. El pueblo la observa, distraído. Mientras tanto, en la tierra cunde el fuego. El pueblo lo padece. Media un abismo entre el espectáculo distante -que tiene sustento- y la realidad inmediata, envuelta en llamas.
Las Leyes de Manú (siglo XIII AC) advirtieron: el gobernante que no castiga a los delincuentes irá al infierno (VIII, 128). Lo merece. Y mejor cuanto más profundo sea el abismo al que lo arroje la justicia. Pero puede ocurrir que el gobernante brinde primero a sus gobernados una "probada" del infierno. Si es así, éste habrá tomado posesión de la tierra, nuestra morada.
Nos acosan los males de la pandemia -no sabe, la pobre, que está domada-, la economía se derrumba y la inseguridad eleva la cresta (como nunca, ni siquiera en el "pasado maldito"). Hace tiempo, los comentarios de reporteros y cronistas como Ramírez de Aguilar y el "güero" Téllez Vargas nos ponían al tanto de los atrevimientos delictivos. Las cosas cambiaron. Hoy, los columnistas Héctor de Mauleón y Alejandro Hope informan sobre los horrores del crimen en esta República atribulada. Crimen in crescendo. Nos llegó la "probada" del infierno. Y la enfrentamos a la intemperie.
Hubo amables promesas. El Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024 (14 de noviembre de 2018) fue bandera del futuro. Dijo el Plan, con reflexión sesuda: "La seguridad de la gente (usted y yo, amigo lector) es (…) la razón primordial de la existencia del poder público: el pacto básico entre éste y la población consiste en que la segunda delega su autoridad en autoridades constituidas, las cuales adquieren el compromiso de garantizar la vida, la integridad física y el patrimonio de los individuos". ¡Vaya, vaya!
En el aura de las promesas, sin guión de cumplimiento, el Ejecutivo ofreció: en seis meses se reducirá la criminalidad. Otros voceros moderaron el entusiasmo: tres años. Respiramos. Días adelante, el presidente anunció el ocaso del crimen: en 2024 la delincuencia se habrá reducido a la mitad de la que había en 2018 (año del "pasado maldito", hacia el que miran con obsesión los responsables del presente y forjadores del futuro). Hubo corrección. La reducción será del quince por ciento, señaló el coordinador de la mayoría en la Cámara de Diputados (EL UNIVERSAL, 3 de mayo de 2019).
La realidad se rebela contra la pirotecnia. Los hechos se alejan de los dichos. Aumentan los crímenes violentos. Se descubren fosas clandestinas. Desconocemos la cifra real de los desaparecidos. Las víctimas se multiplican. La impunidad campea. La ineficacia y la corrupción persisten. Crece la percepción social de inseguridad. Muchas carreteras se han vuelto intransitables. Abunda la justicia por propia mano. Se desalienta la inversión. Tropieza -si acaso aparece, con presencia fantasmal- la Guardia Nacional, que sería "instrumento primordial del Ejecutivo federal en la preservación de la seguridad pública, la recuperación de la paz y el combate a la delincuencia". Eso pontificó el breviario de la transformación.
Muchos se preguntan: ¿"vamos que volamos" sobre la ruta que conduce al "Estado fallido", conforme a la caracterización de Chomsky? Es posible, a despecho de la oferta del Plan Nacional de 2018 y con desafío de las Leyes de Manú. El infierno se abre como realidad y como destino. Mientras llega para quien lo merezca, los que no lo merecen se hallan a la intemperie y prueban el fuego en carne propia.
Los sobrevivientes escuchan: "no habrá cambio de estrategia". Es decir: ya tenemos una, que no variará. Habrá más de lo mismo. Pero ¿cuál es esa estrategia que no rinde los efectos prometidos, destruye instituciones -policía federal-, desatiende otras -policías locales-, atrae situaciones indeseables -militarización de la seguridad- y encomienda la seguridad a la conciencia de los infractores y sus progenitoras?
En fin, mientras la estrategia da de sí, el fuego cunde. Y nosotros seguimos a la intemperie. Pero los fuegos del artificio amenizan la existencia.
