Conforme la pandemia del COVID-19 empeora y se prolonga en el mundo, cuando están cambiando aceleradamente las relaciones de los individuos con la vida, la naturaleza, el trabajo, la tecnología y el tiempo, las formas diversas de resistencia de los pueblos indígenas se tornan más relevantes que nunca. No habrá una salida compartida, con propuestas realizables ni soluciones posibles al funesto presente, ni se podrá construir un futuro distinto para la humanidad, si no es con la incorporación cabal de las luchas de los pueblos indígenas, empezando por la defensa, respeto y reconocimiento de su autonomía, derechos fundamentales, lenguas y culturas. Los pueblos indígenas son protagonistas de la solución ecológica, social y ética que da fundamento a la única salida de futuro hacia adelante. Hoy debemos ir más allá de la conmemoración en del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, cada 9 de agosto, como lo estableciera la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1994, para comprender lo que está en juego para la humanidad entera. Los pueblos indígenas son particularmente vulnerables a las enfermedades respiratorias, contagiosas e inmunológicas, teniendo escaso o ningún acceso a los servicios médicos resultado de la marginación y la pobreza, las cuales enfrentan con sus propios recursos, saberes y tradiciones. Sin embargo, son los mismos pueblos indígenas los principales protectores de los ecosistemas, amenazados por agricultores, madereros y criadores de ganado ilegales, al igual que por empresas mineras depredadoras. Son también actores principalísimos para enfrentar la emergencia climática.
El relator especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas ha externado, hace semanas, la grave preocupación por el impacto devastador de la pandemia, que está exacerbando la marginación de las comunidades indígenas, permitiendo la militarización de sus territorios, vulnerando sus derechos a la libertad de expresión y asociación, justo cuando proliferan empresas e intereses comerciales que amenazan sus tierras y recursos naturales, habiéndose suspendido por la contingencia, o bien simulado, las consultas públicas a las que tienen derecho, antes de que se realicen las manifestaciones de impacto ambiental y se ejecuten varios proyectos que ciertamente los afectan.
En Brasil, comunidades indígenas, sobre todo en la Amazonia, han tomado acciones para protegerse del coronavirus, pero también para resistir tanto la destrucción del 35 % de la superficie como los embates del gobierno de Bolsonaro que los estigmatiza, calificando a sus líderes como "terroristas" y "marginales". En México, por una parte, numerosos pueblos y comunidades indígenas, con conocimiento de causa, procedieron a establecer, desde fines de marzo cercos sanitarios, restringiendo el acceso a sus lugares y territorios y estableciendo controles estrictos de entradas y salidas, lo que también ha puesto en peligro algunas cosechas de riego, al igual que algunas de temporal, no habiéndose podido preparar las tierras; llegándose incluso a impedir o restringir el retorno de los migrantes a sus propias comunidades de origen ante el riesgo de contagios externos. Y, por la otra, ha crecido el número de miles de jornaleros indígenas del Sur, los cuales, ante la pérdida masiva de empleos e ingresos, han marchado a los campos agrícolas del Bajío, del Centro y Norte del país, pero también al Estado de Nueva York y otras regiones en Estados Unidos, a pesar de los gravísimos riesgos sanitarios. Asimismo, crece el número de comunidades indígenas mayas que se oponen al megaproyecto del Tren Maya y los denominados "polos de desarrollo". Muchas comunidades se han organizado para continuar obteniendo el amparo de la justicia federal, y a las que les preocupa, con razón, la ausencia de protocolos sanitarios eficaces en la inminente ejecución de las obras, al igual que la negación, de facto, de liderazgos y formas de organización tradicionales. Como declarara recientemente un dirigente: "Los mayas no somos solamente campesinos o yucatecos, o pobres que necesitan empleos. Somos en primer lugar un pueblo originario, que tenemos derecho a tomar las decisiones en nuestro territorio, que queremos decidir nuestro propio futuro".
Aun antes de la pandemia, los pueblos originarios y miles de comunidades indígenas en México tenían claro que lo que está en juego es la posibilidad o no de construir formas alternativas de vida, que les permita seguir existiendo como tales, con sus lenguas, recreando sus propias culturas diversas. Y esto va más allá de recurrir a las legislaciones nacionales y estatales o apelar a las declaraciones y acuerdos internacionales. Su lucha permanente pasa por la defensa misma de las comunidades, la autonomía alimentaria, los autogobiernos y la educación pública comunitaria, que requieren, en primer lugar, la preservación y fortalecimiento de las lenguas indígenas, muchas en riesgo de perderse, con todos los saberes y tradiciones, y la consecuente desaparición irremisible de ese patrimonio intangible. Por ello cabe preguntar si será suficiente este año la aprobación de una nueva reforma constitucional, tras la de 2001, como señalara el domingo Adelfo Regino, titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, para conseguir que haya el reconocimiento de los pueblos indígenas y del pueblo afro mexicano como sujetos de derecho público, y no solamente como sujetos de interés público. La lucha presente de los pueblos indígenas resulta decisiva, no accesoria, para la construcción alternativa del mundo post-pandemia, que permita ir del respeto al ejercicio pleno de los derechos individuales y colectivos de todos, posibilitando la protección de la biodiversidad y la mitigación de los efectos del cambio climático. Es con los pueblos originarios que el presente deviene futuro.
@JAlvarezFuentes
