La alternativa gubernamental para atender el problema de abasto de agua a la población lagunera sigue siendo la potabilizadora de aguas superficiales del río Nazas. Algunos creemos que la potabilizadora puede ser un proyecto bien intencionado para cubrir la demanda urbano-doméstica en las próximas dos décadas, pero no puede verse como la única o soslayar otros aspectos cruciales que si no son atendidos paralelamente se convierte en una opción parcial y temporal que difiere la atención al problema central que nos aqueja en la región: la sobreexplotación y contaminación del Acuífero Principal. Existe el riesgo que se tape un hoyo abriendo otros más.
La nueva versión del proyecto "Agua Saludable" plantea algunos cambios a la anterior de "Agua Futura". En una reunión virtual reciente de la Comisión de Vigilancia (COVI) del Consejo de Cuenca Nazas-Aguanaval, el nuevo director de CONAGUA señaló que se pretende extraer 200 hm3 del río Nazas, a diferencia de los 120 hm3 que contemplaba en la versión anterior.
En dicha reunión señaló que el volumen concesionado a los usuarios de los 17 Módulos de que reciben agua del río Nazas era de 976.6 hm3, con los cuales se regarían 86,664.95 ha, volumen que puede variar dependiendo de los almacenamientos que ocurran en las presas, principalmente en El Palmito. Y esta es una de las cuestiones que nos preocupan cuando los almacenamientos no son variables e insuficientes que ni siquiera pueden cubrir dicha superficie agrícola.
Esos almacenamientos dependen de la precipitación y los escurrimientos superficiales que ocurren principalmente en la parte alta del río Nazas, donde algunos años son elevados e incluso con excedentes que rebasan la capacidad útil de la presa y tienen que liberar agua por el cauce seco del río. Pero también se registran años en que son menores al volumen concesionado como lo indican los registros históricos de almacenamientos entre 1947-2004 en la presa El Palmito, donde 29 de los 57 años que comprende ese período ingresaron a este embalse volúmenes menores a los concesionados.
En la misma reunión de la COVI la CONAGUA planteo la posibilidad de extraer los 200 hm3 considerando la estimación de un escurrimiento medio mensual de 96 hm3 que ingresa a El Palmito, de los cuales se extraerían 16.7 hm3. Algunos creemos que basar el abasto doméstico de agua a la población de esta fuente presenta riesgos que hacen a esta opción vulnerable por esa variabilidad de los almacenamientos, de que si estos se reducen drásticamente se tendría que tener una fuente alterna y esta se encuentra en el agua del subsuelo, por cierto muy disminuida por la sobreexplotación, y en tanto esto se mantenga no habrá reservas de agua que crearían una situación de inseguridad hídrica.
Hemos sustentado esta preocupación al revisar los registros de almacenamientos en El Palmito durante los períodos de sequía: el de 1950-1954, cinco años seguidos donde el volumen máximo almacenado fue de 622 hm3 (1954) y dos años consecutivos fueron de 299.0 y 275.4 hm3 (1951-1952). Situación similar se repite en 1956-1957 (411.6 y 284 hm3) y en 1994-1995 (282.5 y 380.7 hm3). Habrá que tomar en cuenta que el pronóstico sobre el impacto que tendrá el cambio climático en las regiones áridas será de años o períodos de sequía más frecuentes y severos que reducirán la disponibilidad de agua, afectando, en primer término, a los agricultores puesto que se priorizaría el abasto para uso doméstico, creando condiciones de estrés social entre aquellos productores y sus familias que viven de esta fuente de agua.
A la par de lo anterior, antes de extraer el volumen que se pretende potabilizar, se debe mejorar la baja eficiencia que se tiene en la conducción y aplicación del agua para riego agrícola, estimada actualmente en 40 %, es decir de cada metro cúbico (mil litros) que sale de la presa solo se aprovechan 400 litros. Para lograr esto es necesario reducir las pérdidas que ocurren en el manejo técnico y social del agua.
Los expertos señalan que es posible incrementar la eficiencia global en un 60 % o más si se mejora la infraestructura hidroagrícola y se realiza un mayor control a las asignaciones de agua que se entregan a las asociaciones de usuarios. Sobre lo primero implica invertir importantes recursos en rehabilitar canales de riego y tecnificar predios con el fin aumentar la eficiencia en el agua, principalmente en las parcelas ejidales ya que los predios privados presentan mejor nivel de tecnificación, aunado a que es este sector donde, al igual que con las aguas subterráneas, actualmente se acaparan la mayor parte de los volúmenes.
Sobre lo segundo, es sabido que no hay un control efectivo sobre los volúmenes que la CONAGUA entrega a los módulos de riego, permitiendo un tráfico de estos que facilita su concentración entre quienes tienen mayor poder económico y los que ostentan cargos directivos. Este manejo laxo ha creado mercados de agua a los que cada vez menos pueden acceder los pequeños productores campesinos, como tampoco pueden hacerlo en las representaciones de sus asociaciones de usuarios, favoreciendo actos de corrupción en el tráfico de concesiones y volúmenes de agua en torno a los cuales se han creado fuertes intereses económicos y políticos, prueba de ello fue la estimación que hizo la CONAGUA en 2019 de 20,000 has sembradas por encima de las contempladas en el Plan de Riegos.
En síntesis, depender el abasto de agua para la población de las aguas superficiales presenta riesgos de vulnerabilidad por la variabilidad en los almacenamientos en las presas, implica rescatar volúmenes que resultan de la baja eficiencia técnica y el tráfico ilegal que ocurre en las asociaciones de usuarios. Algo posible pero nada fácil porque conlleva invertir recursos y una mayor voluntad política del Gobierno federal para mejorar el manejo del agua superficial y poner orden entre los usuarios que acaparan y trafican con el agua.
