En abril de 2009, en uno de los meses más aciagos de la anterior crisis económica que hoy se conoce como la Gran Recesión Mundial, México fue el primer país en solicitar la apertura de una línea de crédito flexible con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La línea de crédito otorgada en ese entonces fue aproximadamente del orden de 47 mil millones de dólares. Más formalmente, usando los términos legales del FMI, fue una línea de crédito del orden de 31.5 mil millones de lo que se conoce como derechos especiales de giro.
La figura de "línea de crédito flexible" había sido creada por el FMI apenas una semanas antes, en marzo de 2009, como una manera expedita de atender la demanda de crédito que pudieran tener ciertos países para mitigar crisis económicas futuras. Un aspecto clave de ese instrumento era que se concedería el préstamo sin una condicionalidad de por medio por parte del FMI. Esto es, no habría condición alguna sobre las políticas económicas de la nación que pedía el crédito, como siempre exigía, y exige, el FMI en el caso de los típicos préstamos a los países con problemas en su balanza de pagos. Así pues, se pretendía conceder un crédito de urgencia sin que hubiera un estigma político de por medio.
Pocos países podían tener el privilegio de abrir esa línea de crédito flexible con el organismo. Los criterios de habilitación para un país era que tuviera una trayectoria de políticas y fundamentos económicos sólidos, así como marcos institucionales igualmente sólidos. Desde 2009 los únicos países que estuvieron interesados en tener en algún momento la línea de crédito flexible, y que además recibieron por parte del FMI su aprobación, fueron Chile, Colombia, México, Perú y Polonia. Ninguno de ellos, por cierto, giró alguna vez una petición sobre su línea abierta de crédito. Además, excepto por México, el único otro país que tiene aún abierta esa línea de crédito flexible con el FMI es Colombia.
México ha renovado la suya de manera periódica desde abril de 2009. Lo hizo en marzo de 2010, enero de 2011, noviembre de 2012, noviembre de 2014, mayo de 2016 y noviembre de 2017. En esa última fecha el monto de la línea de crédito llegó a ser del orden de 86 mil millones de dólares. En noviembre de 2018, la administración federal anterior, con la aprobación expresa de la administración entrante, renovó de nuevo la línea de crédito, pero reduciendo el monto máximo a 74 mil millones de dólares. Ya en funciones, la actual administración volvió a renovar la línea de crédito flexible en noviembre de 2019, reduciendo aún más la cantidad hasta 61 mil millones de dólares.
Sin poder imaginar lo que iba a pasar poco tiempo después, la idea gubernamental que estaba atrás de las renovaciones en 2018 y 2019 era razonable: ir reduciendo de manera continua los montos para poder cancelar, sin sobresaltos para el sector financiero, la línea de crédito pocos años después. Ahora bien, ¿para qué cancelar una línea de crédito tan generosa y flexible? Bueno, lo que sucede es que el FMI no extiende una línea de crédito flexible así como así, y especialmente cuando no existe condicionalidad alguna de por medio. El organismo cobra una buena comisión anual, dependiendo del monto, se pida o no el crédito.
Y ahí está el meollo del asunto. En estos momentos tan críticos México podría acceder, sin condicionalidad alguna, a una línea de crédito del orden de 61 mil millones de dólares con una tasa de interés mucho menor a la de los mercados internacionales. ¿No debería México pedir ahora al menos parte de ese crédito? Si por razones de propaganda barata no se hiciera, se estarían tirando los 159 millones de dólares de comisión que el FMI pase lo que pase cobrará este año.
