Cerca de 80 extrabajadores administrativos y personal de campo contratados en el Estado de México, a través del extinto Seguro Popular y despedidos con el cambio hacia el Insabi, se manifestaron frente a las oficinas del Instituto de Salud estatal, en Toluca, para pedir que sean reinstalados en sus puestos de trabajo.
Los inconformes bloquearon por varias horas el tránsito en la calle de Independencia hacia Isidro Fabela, donde señalaron que desde el 31 de diciembre del 2019 fueron formalmente despedidos, aunque con la promesa del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) de ser reubicados, según el oficio firmado por el titular del Instituto de Salud para el Bienestar, Juan Ferrer, explicaron.
Sin embargo, "mientras el gobierno federal emitió mensajes sobre que el presupuesto para nuestra recontratación había sido autorizado, el gobierno mexiquense decía lo contrario y simplemente nadie nos hace caso", dijo uno de los inconformes. Por lo que, tras seis meses de desempleo y un encierro obligatorio por la emergencia sanitaria, dijeron, "tenemos la necesidad de hacer este llamado al gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza y el secretario de Salud, Gabriel O'shea Cuevas, para que sean empáticos con nuestra situación y les solicitamos de la manera más atenta seamos considerados para unirnos a laborar nuevamente".
Explicaron que sólo piden trabajar y poder llevar el sustento a sus familias, que sus hijos tengan una educación y puedan ser unas personas útiles a la sociedad. Los manifestantes entregaron un oficio en las oficinas administrativas, en el que solicitaron al secretario de Salud que los reciba y sean escuchados, pues "somos profesionales que en su momento trabajamos en apoyo a la salud en atención al público, como administrativos y personal de campo, muchas veces trabajando a marchas forzadas y la gran mayoría de nosotros con varios años de experiencia, brindando la atención a la población más vulnerable del estado de México".
Precisaron que no contaban con Seguridad Social y que derivado de un decreto de ley, que indirectamente dictaminó que ya no eran trabajadores útiles, quedaron sin empleo pese a los cinco o 15 años de servicio. "Sin un estudio del impacto en la salud, ni un análisis del nuevo sistema de salud, incluso sin una investigación del número de familias afectadas por esa decisión"
Insistieron en que en principio, el 30 de diciembre del 2019, se indicó que quedarían a cargo de cada entidad, y que su contratación sería con base en la firma del Convenio de colaboración, que se firmó con el gobernador mexiquense y las autoridades de salud, pero que hasta el momento no hay respuesta.
