El reconocimiento de culpabilidad del ex gobernador Jorge Torres López, frente a un Juez Federal de los Estados Unidos con residencia en Texas, que ordenó su detención por el delito de lavado de dinero, ofrece una forma de justicia que en nada restituye al pueblo de Coahuila, como primera víctima de los hechos que se le imputan al inculpado.
Jorge Torres hizo su fugaz carrera política al amparo del ex gobernador Humberto Moreira Valdés, en cuya administración fungió como Secretario de Finanzas, Secretario de Desarrollo Social y Alcalde interino de Saltillo.
Una vez rendido su quinto informe de gobierno, Moreira Humberto dejó la gubernatura de Coahuila para trepar a la dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional, como parte del plan de regreso del PRI a Los Pinos. El movimiento contó con el impulso de otros gobernadores priístas de aquel entonces, que saquearon las arcas de sus respectivos estados para financiar la campaña electoral de Enrique Peña Nieto, lo que es causa de la mega deuda pública que agobia a los coahuilenses, y compromete el desarrollo de nuestro Estado en los próximos veinte años.
Moreira dejó como gobernador suplente a Jorge Torres López, lo que resultó útil para disimular el relevo transexenal de la gubernatura entre los hermanos Humberto y Rubén Moreira, principales culpables del deterioro institucional y económico que Coahuila padece. Los antecedentes referidos, y su coincidencia con la masacre en el poblado de Allende, la cremación de cadáveres en el penal de Piedras Negras, y el saldo de personas muertas y desaparecidas que claman justicia, ubican la gestión de Torres López en el escenario del moreirato, en complicidad orgánica del grupo en el poder con el crimen organizado.
A ello se debe que cuando las autoridades norteamericanas detectaron un traspaso de dinero en favor de Jorge Torres López, en el sistema bancario del vecino país se iniciara un proceso en contra del ex gobernador, bajo la presunción de que dicho efectivo era de procedencia ilícita asociada al narcotráfico. Las autoridades norteamericanas consideran la situación descrita como un tema de seguridad nacional y por ello, Jorge Torres comenzó a ser buscado a través de la Interpol, pero la protección del gobierno de Peña Nieto impidió su captura, hasta el mes de febrero de 2019 en que fue detenido en Puerto Vallarta, Jalisco.
Una vez extraditado, la semana pasada Jorge Torres se declaró culpable de introducir a los Estados Unidos recursos de procedencia ilícita, y atribuye como origen de los mismos al soborno que por virtud de la construcción de una carretera, dice haber recibido de un contratista. Esta estrategia de la defensa aunque reconoce la procedencia ilícita del dinero, tiene la pretensión de negar que provenga del crimen organizado y se acomoda a lo sostenido por el moreirato, en el sentido de que el efectivo involucrado no procede de las arcas del Estado de Coahuila, lo que favorece al tesoro norteamericano para quedarse con el dinero.
Nada se restituye al Estado de Coahuila, porque las autoridades mexicanas no tienen parte en la tarea de hacer justicia en el caso en comento, ni en los casos del ex tesorero de Coahuila Javier Villarreal y otros implicados menores en los graves crímenes de estado cuyo comentario nos ocupa. Frente a la confesión expresa de Torres López, las autoridades de Coahuila anuncian que pedirán copia del expediente y procederán por su cuenta ampliando las investigaciones, lo cual nos lleva a cuestionar con escepticismo: Ver para creer.
