Hace un año la enfermera Marisol Sánchez tuvo un trasplante de riñón, pero desde que sus superiores le informaron que era requerida para atender urgencias de COVID-19 emprendió una batalla legal para evitarlo y cuidar de su salud.
Como parte de su tratamiento debe tomar medicamentos que afectan su sistema inmunológico, lo que la coloca en mayor riesgo ante el coronavirus.
Aunque informó de esto a sus jefes en el Hospital Mexicali del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, se le ordenó acudir a atender pacientes infectados con COVID-19.
Por ello presentó un amparo para que no sea obligada a acudir a laborar al área de coronavirus, pero el juez Sexto de Distrito en Baja California le negó la suspensión porque los trasplantes de órganos no están contemplados como una situación de vulnerabilidad, según lo dispuesto por la Secretaría de Salud (Ssa).
Contra esta decisión, Marisol presentó un recurso de queja en el que el Primer Tribunal Colegiado de Baja California consideró que el hecho de que el acuerdo del 31 de marzo de este año emitido por la dependencia federal establece un catálogo de personas que pueden estar exentas para laborar en actividades esenciales durante la pandemia, esto no debe ser considerado para negarle la petición de permanecer en resguardo domiciliario.
Los magistrados retomaron los criterios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud de la Secretaría de Salud, sobre el tratamiento de inmunosupresores en pacientes que tuvieron un trasplante de riñón.
Marisol toma un medicamento llamado Isoniacida, mismo que se aplica a pacientes con tuberculosis, lo cual para el colegiado demuestra que su condición física se ve comprometida en mayor medida, ya que dicha afección incide en los pulmones.
