No somos, por ahora, el país irreverente ante la muerte. Estamos preocupados por cuidarnos y evitar que el COVID-19 siga en su proceso de contagio indiscriminado. Ha quedado claro que la reproducción del virus es más rápida que la respuesta del sistema inmunológico de muchas personas.
En los primeros días, se daba cuenta de los casos individuales que se iban presentando; después fueron decenas, luego centenas y ahora ya rebasamos las tres mil personas fallecidas en México. La gran metrópoli y su zona conurbada reportan los números más altos. Es ahí donde, además, se cuenta con la mayor infraestructura hospitalaria y el personal médico y de enfermería. Hasta hoy, el sistema de salud, en su conjunto, no se ha visto rebasado, aunque ya hay previsiones por si la emergencia llegara a ser mayor. Esperemos que no.
En otros países, en algún momento, el foco de atención ya no estuvo solo en las camas disponibles sino también en la capacidad de respuesta de los servicios funerarios. Las escenas más impactantes se dieron en la región de Lombardía en Italia y en Guayaquil, Ecuador.
La Ley General de Salud y el Reglamento en materia de control sanitario de la disposición de órganos, tejidos y cadáveres de seres humanos constituyen el marco normativo que se aplica en tiempos ordinarios. Sin embargo dada la emergencia en que nos encontramos, sería necesario que el Consejo de salubridad General emitiera reglas extraordinarias con previsiones para la situación presente y futura como lo hizo con la guía de bioética.
En el portal de Cofepris y en otras páginas oficiales se pueden encontrar lineamientos de manejo general de cadáveres con diagnóstico confirmado o sospechoso de COVID-19. Lo extraño es que no se señala quién los emitió y tampoco aparecen publicados en el Diario Oficial de la Federación. La versión disponible, fechada el 21 de abril, podría tratarse de un documento preliminar.
Llama la atención -y qué bueno- que estos lineamientos también se enfoquen a los deudos. Refiere que las condiciones en que la muerte se presenta pueden determinar el impacto en los deudos. Por ello, prevén el acompañamiento, apoyo y guía por parte del personal de trabajo social de cada hospital, buscando contribuir de este modo al cierre del proceso del duelo. Se habla también de un trato digno al cadáver, así como de un trato digno y solidario con los deudos.
Los lineamientos contienen reglas para la asistencia a los funerales con el propósito de evitar mayor contagio. Los familiares que estuvieron en contacto con la persona fallecida, al ser posibles portadores asintomáticos del virus, deben aislarse durante 14 días. Se dice expresamente que no se puede besar o tocar a la persona fallecida, aunque según los propios lineamientos, no hay evidencia de contagio a partir del cadáver.
Se fija también el número máximo de asistentes permitidos al funeral y el tiempo máximo de cuatro horas para la inhumación o cremación. Los lineamientos también prevén la posibilidad de un manejo masivo de cadáveres derivado de un incremento que implicara que se vieran rebasadas las capacidades actuales.
Una crisis semejante sólo se había dado en la Ciudad de México después de los sismos del 85, con la agravante de que había serias dificultades para identificar a muchas de las víctimas. En esta ocasión, estamos ante un panorama nuevo. Solo contamos con el referente de la experiencia acumulada en otros países.
Vista la nación entera, pronto van a hacerse evidentes los contrastes en cuanto a posibilidades de atención y las respuestas institucionales diferenciadas en cada región. Si en lo cotidiano nos hacen falta los abrazos, no quiero imaginar su ausencia en el clímax de un duelo. La emergencia nos pide hoy más empatía y nuevas formas de encontrar consuelo.
@leticia_bonifaz
