Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, señaló que no se puede coartar la libertad.
La Secretaría de Gobernación (Segob) pidió no aplicar medidas carcelarias para enfrentar la emergencia sanitaria por COVID-19 porque es una medida que calificó de "desproporcional".
El llamado se hizo luego de que el congreso de Querétaro aprobó modificaciones al Código Penal de dicha entidad para castigar con 4 a 6 años de cárcel a las personas contagiadas de COVID-19 que no respeten la cuarentena; y de 3 a 5 años por desobedecer medidas de las autoridades de salud o de protección civil decretadas durante la emergencia sanitaria.
"No se puede imponer el resguardo domiciliario mediante sanciones penales, ya que es una medida desproporcional que podría llegar a ser declarada inconstitucional. El derecho penal debe usarse como derecho límite, cuando otras medidas menos lesivas no funcionen para lograr el objetivo planteado", expresó el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez. La determinación de Querétaro no es la primera de este naturaleza que toman los gobiernos estatales. El de Yucatán, por ejemplo, dio a conocer en marzo pasado que en la entidad se podría castigar hasta con tres años de cárcel a las personas con síntomas o diagnóstico confirmatorio de Covid-19 que no acaten las medidas de aislamiento para evitar contagios.
