El capital del BID está constituido con aportaciones de los gobiernos complementado con recursos obtenidos del mercado financiero. Aunque el banco fue creado para fomentar el desarrollo de las economías de sus miembros, sus operaciones son bancarias y por ellas el BID gana o pierde. En caso necesario el Directorio del BID puede pedir más aportaciones de capital.
El arreglo BID-CCE firmado la semana pasada para ofrecer préstamos a empresas de pequeña y mediana dimensión, por ser financiamiento externo, no compromete directamente el capital del Banco de México ni del presupuesto del gobierno. Con ese arreglo los empresarios demostraron que el sector privado de México puede negociar por sI solo y responsabilizarse, sin el gobierno, de una faceta importante del desarrollo socioeconómico del país. Esta independencia, como lo vimos en su conferencia mañanera del lunes pasado, fue lo que impacientó al presidente de la República.
No es tan importante subrayar lo desinformado que se hallaba AMLO sobre la naturaleza técnica del financiamiento, un "factoraje inverso", que el BID extenderá a los negocios mexicanos que lo soliciten. Lo más significativo del exabrupto presidencial es que reveló cuán largo es el alcance de la IV Transformación cuya realización se justifica y sustancia toda la gestión de López Obrador en Palacio Nacional, que de cumplirse, inaugurará un capítulo nuevo en la historia de México.
El presidente de la República visualiza un gobierno que, para transformar al país, tiene que llegar a todos los aspectos de la vida nacional. No solo la sociedad civil, sino las entidades del sector privado, se legitimarían en tanto sus actividades concuerden con los lineamientos que rigen al gobierno. En este entendimiento es natural que López Obrador se afane por que las organizaciones ajenas al gobierno, incluyendo desde luego la banca privada, es parte, se incorporen o se alineen a los programas que su gobierno traza.
Pero la sociedad civil se compone de miles de entidades de la más variada dimensión, especialidades y propósitos y que se dividen en lucrativas y voluntarias. La sociedad civil, sin embargo, no es una sino multifacética. No pretende tener la dimensión del gobierno. Su poder está en la intrínseca autoridad de sus fines de servicio.
En el campo económico, las cámaras empresariales solo representan a sus miembros. La COPARMEX, se define como un sindicato de empresarios análogo a los que existen en varios países y tiene una visión más amplia de la comunidad mexicana.
Los partidos políticos por su parte son entidades públicas que deben proponer y llevar al gobierno su visión integral de la compleja suma de intereses y aspiraciones del país. Por el momento, empero, ningún partido fuera del gubernamental, tiene la presencia electoral suficiente para equilibrar las fuerzas políticas que están repartidas en muchos membretes. Ni MORENA tiene tal fuerza ni personalidad propia, ya que depende de la voluntad de AMLO, la única que prevalece.
Lo anterior significa que, por el momento, México carece de una democracia electoral. Nuestra cámara baja, dominada por MORENA, es como la democracia en China. Existe sola y restringida al ámbito interno del partido que ejerce el gobierno. No cumplimos el requisito de que los actos de gobierno surjan de la participación efectiva de todos los sectores de la comunidad nacional. Los que insistimos en una democracia sustentada en la representación de todos los sectores nos empeñamos en que nuestro Congreso Federal, como también los de los estados, incorpore la aportación de todos los sectores de la población. Así lo dispone en el sistema presidencial, a diferencia del parlamentario, que se adoptó desde principios del Siglo XIX.
El que el presidente de la República desapruebe el arreglo al que llegó el CCE con el BID confirma una vez más el propósito del jefe del ejecutivo de resumir y asumir en su persona todos los propósitos y responsabilidades del gobierno. La interpretación más amable de esta situación podría ser que el presidente, que invade todas áreas, no solo las legislativas, no conoce el modelo presidencial de gobierno que, todos sabemos es copia del norteamericano impuesto desde antes de la Doctrina Monroe.
Los desplantes de López Obrador, sin advertirlo, reiteran que el sistema presidencial nunca ha rendido frutos de democracia real en México sino ha dado base para el abuso presidencial. En el sistema parlamentario esta situación no se da. El Legislativo y el Ejecutivo se reúnen a diario en una misma sala para dirimir, caso por caso, los asuntos de la nación.
El sistema parlamentario supone un alto grado de madurez cívica. ¡Poco tiempo duraría AMLO bajo el inmisericorde acoso del debate parlamentario que ese modelo supone!
