En la columna anterior nos referimos a las sociedades del riesgo global donde señalamos como las actividades humanas están provocando impactos que aumentan los riesgos ambientales y sociales en la vida de las poblaciones humanas. Mencionamos el cambio climático, y ahora posiblemente la pandemia que padecemos, como ejemplos de estos riesgos globales.
El capitalismo como tal, es un sistema económico que dinamiza el crecimiento en la producción de riqueza pero que en la mayoría de los casos no conduce al desarrollo de las sociedades. La historia nos demuestra que las sociedades que optan por un crecimiento económico sin considerar otros aspectos como los sociales, ambientales, políticos y culturales no tienen futuro, son insostenibles.
Un ejemplo de lo anterior es lo que estamos viviendo en nuestro país y región. Es parte de su historia, pero se agudiza con la liberalización en las regulaciones económicas, ambientales, políticas y sociales que se adoptaron hace cuatro décadas para favorecer la acumulación de capital que detonara un rápido crecimiento económico nacional, había que quitarle las trabas que obstruyeran la inversión para que fluyera y lo estimulara.
Se reformó el marco normativo para que las empresas accedieran con mayor facilidad en la explotación de minerales, tierra, agua, bosques y selvas, hidrocarburos. Pero este paraíso a la inversión privada con regulaciones laxas ya cobra su factura en el deterioro ambiental y la desigualdad social, basta revisar la prensa diaria del país para ver la nota roja de mineras que pierden el control de sus residuos tóxicos al descargarlos en los ríos y arroyos como ocurrió hace años en Sonora y ahora en Oaxaca.
También abundan los ejemplos de contaminación de ríos por descargas de aguas residuales industriales como el emblemático caso del río Santiago en el corredor de Ocotlán-El Salto, en Jalisco, o la extracción de agua contaminada de más de cien acuíferos sobreexplotados para sostener principalmente actividades económicas de empresas y corporativos privados, donde La Laguna es un ejemplo claro e irrefutable por más que las élites económicas y políticas locales pretendan ocultarlo.
En la lista destacan los grandes proyectos hidráulicos y de hidrocarburos que afectan de manera irreversible los ecosistemas donde se incrustan o aledaños a ellos, aunado a que provocan el desplazamiento o afectan la forma de vida de poblaciones locales. Ante esto, nos hacemos preguntas como ¿Este es el costo del crecimiento económico con la justificación de que se crea riqueza y empleos?
Si bien somos sociedades del riesgo porque toda actividad humana, particularmente si es productiva, provoca impactos ambientales y sociales, también nos preguntamos ¿qué no existe otra forma de hacer las cosas?, aquella que reduzca los riesgos y daños al ambiente y a la población. Es inevitable sujetar la economía a regulaciones que reduzcan esos impactos, que disminuyan los riesgos que perjudican al hombre y su ambiente.
Algunos creemos que en México hay regulaciones ambientales y sociales que acotan las actividades económicas, el problema es que no siempre se cumplen y se convierten en un déficit de gestión gubernamental, en un problema de omisión e incumplimiento de la política pública. Los pueblos y comunidades afectados por las compañías mineras no tienen porque enfrentarse a las empresas si hay disposiciones legales que les protegen sus derechos humanos, el derecho a la vida, a un ambiente sano, a agua potable y saneamiento, los cuales, lamentablemente, si son ejercidos se convierten en laberintos legales y políticos de corrupción e impunidad, o terminan en litigios estratégicos en tribunales internacionales.
Entonces, ¿los ciudadanos que observemos una actividad económica que provoca riesgos en el ambiente y vida deben oponerse a ellas? Otra vez, en algunos casos existen regulaciones que de aplicarse se evitarían los conflictos socioambientales que surgen de su incumplimiento, o donde no existen debe mediar la política pública para reducir los riesgos de afectación a esas poblaciones.
Los casos locales como la construcción de la termoeléctrica en Villa Juárez, Durango, hace casi medio siglo, los recientes casos del Centro Integral para el Manejo de Residuos Sólidos Industriales (CIMARI) en General Cepeda, Coahuila, y la planta Chemours en Gómez Palacio, Durango, son ejemplos de una deficiente gestión pública que no consideró una posible respuesta de las poblaciones aledañas que presumieron riesgos de afectación, se omitió consultarles o la consulta fue inadecuada. ¿A quién le gustaría que un vecino edifique una construcción donde se van a realizar procesos sobre los cuales no se me informó adecuadamente de los posibles riesgos que voy a enfrentar en el lugar en que vivo?
Como ciudadano, vecino o no de esas edificaciones, si me preguntan si estoy de acuerdo que se construya una termoeléctrica, un CIMARI, una presa o cualquier empresa, diría que sí pero no donde la quiera imponer el gobernador o los dueños de la empresa, sino donde menos riesgos provocará a esas poblaciones aledañas o a una región.
No nos asombremos si con el tiempo las comunidades indígenas protestan por los impactos ambientales y sociales del Tren Maya, es inevitablemente dudoso que en un mes se consulte una gama amplia de comunidades donde viven pueblos originarios y existe un capital natural y cultural de esa importancia, o que los residentes de las comunidades rurales afectadas por el arsénico en el agua que ingieren se quejen, cuando los dueños de los ranchos y concesionarios de los pozos extraen este recurso sin control y tranquilamente se regresan a sus casas citadinas.
