Treinta y seis millones de mexicanos no cuentan con agua en sus viviendas para necesidades básicas, por lo que es casi imposible realizar acciones preventivas de lavado de manos para evitar el contagio del mal del coronavirus, alertan los integrantes de la Coordinadora Nacional Agua para Todos Agua para la Vida, Elena Burns y Pedro Moctezuma, en lo que consideran "La ridícula y trágica respuesta de Conagua ante COVID-19".
El lunes 6 de abril -recuerdan- la directora general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Blanca Jiménez Cisneros, anunció su Plan de Emergencia frente a la contingencia sanitaria: 104 pipas prestadas por la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), 402 cisternas donadas por Rotoplas, 8 mil 450 latas de agua potable donadas por la cervecera Heineken, junto con el compromiso de que, ahora sí, se hará todo lo posible para que los hospitales y clínicas del país reciban agua, siempre a cambio de un pago.
¿Cómo llegamos a esta ridículamente trágica respuesta frente al tamaño de lo que enfrentamos?, preguntan. ¿Qué podemos hacer?
Explican: No hay agua para la vida porque, bajo las leyes neoliberales establecidas en 1992, la razón de ser de las "autoridades del agua" ha sido otra: garantizar agua y obras hidráulicas para los "intereses" a través de sus aliados políticos federales, estatales y municipales.
A lo largo del siglo XX y lo que va del XXI, el manejo del agua se enfocó en la construcción de enormes obras hidráulicas, intensivas en energéticos y sumamente costosas, para extraer, trasladar, tratar o expulsar el agua.
"La Conagua ha derrochado 75 mil millones de pesos en las obras hidráulicas requeridas para construir un aeropuerto en un lago, asegurando a la vez que Grupo Carso pueda lucrar con las aguas residuales de la Ciudad de México".
Las comisiones estatales, por su parte -añaden-, se han dedicado a costosas obras hidráulicas inoperantes -como el Túnel Canal General-, ilegalmente impuestas -como el Acueducto Independencia y el trasvase Milpillas-, privatizantes -como la desaladora Rosarito-, o plagadas con dinámicas de corrupción -como la presa y acueducto El Zapotillo-.
"Los organismos municipales en ausencia de controles ciudadanos, sirven como la caja chica para las futuras campañas políticas de los presidentes municipales."
Mientras tanto, 36 millones de mexicanas y mexicanos no tienen agua en sus casas excepto ocasionalmente, y sólo 14 % de las clínicas en zonas indígenas cuentan con agua, luz y drenaje.
Esto tendrá que cambiar pronto -advierten-: la crisis de COVID-19 vino a reforzar el mandato del artículo 4º constitucional de contar ya con una Ley General de Aguas que garantice cumplir con los derechos humanos y de los pueblos al agua, a la salud y a un medio ambiente sano a través de la participación ciudadana.
Afortunadamente -observan- se está generando entre ambas cámaras legislativas, desde la ciudadanía y los pueblos, así como entre sectores importantes del Poder Ejecutivo Federal, la voluntad política suficiente para superar los bloqueos de los que buscan conservar el control autoritario y privatizante del vital líquido.
Mientras logramos la nueva ley -dicen-, hay mucho que podemos hacer frente al COVID-19: Los 10 mil millones de pesos aprobados en el Presupuesto 2020 para fracking podrían ser transferidos a la Secretaría de Bienestar para las obras comunitarias de agua y saneamiento.
Por su parte, la Conagua podría reducir, extinguir o revocar las megaconcesiones a particulares que están dejando a las comunidades aledañas sin agua, y podría poner fin a sus prácticas, ampliamente documentadas, de discriminación en contra de comunidades indígenas.
La Comisión Federal de Electricidad, por su lado, podría suspender el cobro de energía para sistemas comunitarios de agua en zonas marginadas.
Las comisiones de Derechos Humanos podrían abrir mapas interactivos en Internet para reportar la falta de acceso al agua, y se podría exigir que los municipios visibilicen los volúmenes de agua entregados para usos no esenciales.
Todo esto -dicen- nos abriría camino para una nueva institucionalidad que vendrá con la aprobación de la Ley General de Aguas, bajo la cual el agua será gobernada con base en planes consensuados para el acceso equitativo y sustentable, con contraloría ciudadana y social.
Para Burns y Moctezuma la conclusión es sencilla pero profunda: "El agua no es una cuestión de limosnas, sino de derechos".
@kardenche
