Mineras que dejan secas a comunidades. Empresarios que acaparan volúmenes de agua que serían suficientes para atender las necesidades de una comarca entera. Políticos que riegan sus ranchos sin problema, mientras sus vecinos resienten la sequía. Campesinos orillados a vender sus concesiones de agua a grandes compañías agrícolas. Proliferación impune de pozos ilegales. Inmobiliarias y complejos industriales que obtienen concesiones de agua para uso agrícola y, por lo tanto, mediante ese engaño evitan pagar por ese recurso. Un lucrativo mercado negro de títulos de concesiones de agua. Particulares que, como si fuera el porfiriato, se apropian de ríos. Falsificación masiva y venta de documentos apócrifos para obtener concesiones. Es el panorama que Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad descubre en su reciente investigación "Los explotadores del agua", que aparece en plena emergencia sanitaria por COVID-19, cuando más se necesita agua para la vida.
El agua es un recurso de la nación; por lo menos es lo que establece la Constitución mexicana. En los hechos, este bien lo acaparan intereses privados con capacidad económica o de influencia, que se lo apropian, venden y manejan a su antojo.
Las historias que la investigación presenta, muestran cómo el agua se compra, vende y explota como si se tratara de un bien privado abundante, mientras el Estado no pone ninguna traba. "Eso ocurre más por las fallas en el sistema de concesiones vigente en México desde 1992, por el diseño mismo de ese entramado legal y la debilidad de sucesivos gobiernos para aplicar las normas".
El fracaso de la gestión democrática -dice- se refleja, además, en una profunda falta de información sobre cuánta agua extraen los privados, en la incapacidad gubernamental para vigilar cómo se explotan ríos y pozos, y en la inequidad en su distribución. "El propio secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Víctor Toledo, ha reconocido que existe un uso indiscriminado y antidemocrático del agua".
El sistema de concesiones de agua se creó en 1992, como parte de la Ley de Aguas Nacionales, y desde su origen comenzó a hacer agua. "Entre las fallas que pronto fueron evidentes, por ejemplo, estuvo la entrega de títulos sin verificar cuánta agua realmente se extraía y para qué fines. Pasaron los años y los problemas en el sistema nunca se atendieron. Y se agudizaron conforme se entregaron más y más títulos para aprovechamiento".
Desde 2003 se alertó de esta situación. En un estudio -publicado entonces por la FAO, y cuyos autores son Marco Cantú y Héctor Garduño, quien fue subdirector general de administración del agua en la década de los noventa- se señaló que se habían identificado a usuarios que tenían títulos de concesión para uso agrícola, pero que utilizaban el agua para fines distintos, "incurriendo en delitos fiscales y en desviaciones del subsidio, ya que no solamente gozan indebidamente de la exención del pago de derecho (de agua), sino del subsidio que se otorga a los usuarios agrícolas en la tarifa eléctrica".
En su página web, Mexicanos contra la Corrupción coloca una herramienta que permite seleccionar el uso de la concesión, donde las cifras son el número de concesiones otorgadas por estado de la República.
La investigación utilizó la base de datos del Registro Público de Derechos de Agua (REPDA), el sistema en el que aparecen los nombres de personas y empresas que tienen concesiones para utilizar aguas nacionales, y se identificó a quienes tienen mayor número de concesiones y volumen de agua autorizado en cada entidad.
Los resultados muestran que hay empresas y personas que tienen a su disposición tanta agua que, con ella, sería posible atender a comunidades completas.
En la lista destacan mineras, embotelladoras de refrescos y agua, acereras, cerveceras, grandes empresas agrícolas, ganaderas y avícolas, inmobiliarias (que incluso están declaradas en quiebra, como Casas Geo) y compañías a las que se les ha entregado concesiones para generación de electricidad, a través de construcción de hidroeléctricas, sin que se consulte a comunidades sobre estos proyectos.
El mapa de la explotación del agua en México muestra que aquellos con capacidad económica e influencia política exprimen un sistema diseñado para el acaparamiento de ríos y pozos en unas cuantas manos. Es el mapa de una injusticia institucional, donde las comunidades siempre resultan ser las más afectadas.
@kardenche
