La cancelación de la planta de Constellation Brands en la ciudad de Mexicali, Baja California, destinada a producir cerveza para exportación, y el traslado de aguas del Río Conchos hacia el Río Bravo, mediante la apertura de las compuertas de la Presa La Boquilla, en el Estado de Chihuahua, son dos grandes temas de actualidad, conectados en el marco del Tratado de Aguas entre los Estados Unidos Mexicanos, y los Estados Unidos de América.
El tratado internacional referido fue celebrado en el año de 1944, aunque adquirió plena vigencia hasta que fue aprobado por los respectivos Congresos de ambos países y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de marzo de 1946. El Tratado tiene por objeto determinar las cuotas de aprovechamiento para cada uno de los países participantes, y regular la utilización de las aguas de los Ríos Colorado y Bravo hasta el Golfo de México, incluyendo a los afluentes del Bravo en ambos lados de la frontera, entre los cuales se encuentra el Río Conchos.
El Río Colorado nace en las Montañas Rocallosas y discurre por los Estados de Colorado, Utah, Nevada y Arizona, para ingresar a territorio mexicano regando el Valle de Mexicali, y finalmente desembocar en el Golfo de California. Por su parte el Río Conchos nace en Bocoyna Chihuahua, en la Sierra Madre Occidental, desciende hacia el sureste para regar la región de Camargo y Delicias, y en este punto cambia de dirección hacia el noreste, hasta unirse al Río Bravo a la altura de Ojinaga.
Para medir los volúmenes disponibles y distribuir las aguas para su uso y consumo en provecho de las comunidades de ambos países, el Tratado creó la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), como organismo binacional para asegurar la aplicación de los acuerdos pactados y solucionar los conflictos que pudieran surgir entre las partes.
Es el caso que en forma simultánea, se plantean en la actualidad dos conflictos en torno a cada una de las cuestiones mencionadas con anterioridad, que tienen en común el haber surgido de manera que a los ojos del observador común resulta absurda. También tienen en común ambos temas, que no convencen las razones esgrimidas por el Gobierno Federal para proceder por una parte a la cancelación de una inversión importante previamente autorizada y por otra, para abrir las compuertas de la presa La Boquilla generando un estéril enfrentamiento social entre Gobierno y productores agrícolas, sin que medie una explicación justificada, de la Comisión Internacional creada por el tratado en comento.
Una hipótesis para explicar el absurdo, apunta a que los Estados Unidos estén presionando al Gobierno de López Obrador por medio del Tratado de Aguas para cancelar la planta cervecera, como parte de la guerra comercial que sostiene el Gobierno de Donald Trump contra el mundo. Lo anterior buscaría eliminar la competencia que significa para los productores norteamericanos una planta operada por Constellation Brands, ya que si bien la empresa es dueña de marcas de origen mexicano no es mexicana, el control de su capital y sus negocios tiene asiento en Bélgica, y en virtud de su presencia en México, gozaría de las ventajas fiscales y comerciales del Tratado México Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Lo cierto es que el Tratado de Aguas Internacionales privilegia la utilización de las aguas del Río Colorado para el consumo humano, para satisfacer las necesidades municipales, para la explotación agrícola y ganadera, así como para la generación de energía eléctrica. En un lejano último lugar se contempla la posibilidad de utilizar el líquido elemento en fines industriales diversos, lo que mueve a sospechar que el Tratado esté siendo utilizado por el Gobierno de Trump, para vetar a la planta cervecera.
Esta hipótesis tiene precedente en la actuación del Gobierno de López Obrador en el caso de la utilización de la Guardia Nacional, para blindar la frontera de los Estados Unidos, protegiendo al vecino país del flujo migratorio. La Cuarta Transformación debe dar una explicación al respecto y tratar ambos temas en el marco del derecho internacional, porque no se concibe que se estén generando conflictos con inversionistas extranjeros y productores agrícolas nacionales, por el simple capricho de hacerlo.
