El pleno de la Cámara de Diputados se erigió como órgano de acusación en el juicio político que se sigue contra a la ex titular de Sedesol y de Sedatu en la administración de Enrique Peña Nieto, Rosario Robles Berlanga y con el que se busca inhabilitarla por 20 años como servidora pública. (ARCHIVO)
La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad de 270 votos a favor, cero en contra y sin abstenciones, acusar a Rosario Robles Berlanga ante el Senado de la República por diversos delitos cometidos en la administración pública federal.
En sesión del pleno de este jueves, los legisladores avalaron que Robles Berlanga, durante su desempeño como funcionaria federal, violó la Constitución, así como diversas disposiciones de las leyes federales de Responsabilidades de los Servidores Públicos, de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Orgánica de la Administración Pública Federal, General de Responsabilidades Administrativas y la de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su reglamento.
Después de una sesión interrumpida por la protesta de trabajadores sindicalizados de Cámara, el pleno determinó hacer la acusación legal en el Senado e integrar además la solicitud de inhabilitación en el servicio público hasta por 20 años, de acuerdo con las conclusiones de la Sección Instructora.
Se designó al diputado Pablo Gómez Álvarez (Morena), así como a las diputadas Martha Patricia Ramírez Lucero (Morena) y Ana Ruth García Grande (PT), para sostener la acusación aprobada contra Robles Berlanga ante el Senado de la República.
Gómez Álvarez, presidente de la Sección Instructora, resaltó que es un momento histórico porque después de 94 años en que no se había instaurado un procedimiento, se presentan conclusiones acusatorias en un procedimiento de juicio político.
Destacó que la acusación “no es a una persona, sino a un gobierno y la forma en la que realizó la administración pública federal, desapegada de la ley y de manera completamente corrupta”.
La denunciante, la diputada federal de Morena, Tatiana Clouthier, explicó que “la estafa maestra es imposible soslayar y que no tenga consecuencias políticas”.
Al tomar la palabra en tribuna, señaló que la gente pide que el uso de recursos públicos se haga de forma honesta y que no quede impune la malversación, por lo que destacó que no dar respuesta a la exigencia de justicia es inaceptable.
El país, dijo, vive momentos históricos, pues por primera vez se está ante la posibilidad de castigar la traición a la confianza ciudadana otorgada a los altos funcionarios públicos. “La corrupción ha sido el mal que ha puesto en riesgo los cimientos de la República y del orden constitucional. No es tema de personas, de partidos, ni chivos expiatorios, ni de verdugos”, destacó.
El posicionamiento de diputados federales de diversos partidos se hizo por Juan Carlos Villareal Salazar, de Movimiento Ciudadano; Mari Carmen Bernal Martínez, del PT; Lucio Ernesto Palacios Cordero, de Morena, y Francisco Saldívar Camacho, de Encuentro Social.
