Ante la pandemia derivada de la propagación del coronavirus y la incertidumbre sobre la dimensión que tome entre la población mexicana, hay otros hechos que también nos preocupan por ser eventos que ya forman parte de los rezagos sociales que involucran a la población lagunera: nos referimos a los afectados directos del hidroarsenicismo crónico.
Es lamentable que algunos, no pocos, residentes de las comunidades rurales y poblaciones urbanas de algunos municipios de La Laguna observen como algo normalizado en sus vidas los daños que están sufriendo en su salud derivados de la ingesta involuntaria de agua contaminada, particularmente con arsénico.
El mes pasado Encuentro Ciudadano Lagunero, el colectivo de grupos y organismos civiles que ha puesto el tema del agua en la agenda de desarrollo regional, invitamos a un grupo de personas provenientes de comunidades rurales de los municipios de Tlahualilo, Francisco I. Madero y San Pedro, a una plática informativa impartida por un médico especialista, sobre el impacto que tiene en la salud el consumo de agua con altas concentraciones de arsénico. Para nuestra sorpresa, este fenómeno les parece normal, conviven con el como si fuera normal.
Sus expresiones confirmaban que en sus diversas comunidades no solo había porcentajes altos de diabéticos, sino que es común, desde hace décadas, que algunos de sus vecinos presenten laceraciones en la piel, particularmente en las extremidades del cuerpo, amputaciones de estas y fallecimientos por cáncer, ya no solo en personas de edades avanzadas sino también entre jóvenes y adultos que aún no se encuentran en la llamada tercera edad.
Si bien algunos de estos padecimientos comunes como la diabetes mellitus o letales como cáncer obedecen a causas multifactoriales, en la apreciación de los especialistas de la comunidad médica que los atienden y estudian esta problemática, los síntomas y daños que presentan estas personas tienen una alta probabilidad de originarse en las condiciones de riesgo que los expone por vivir en esos lugares donde se ha medido dichas concentraciones de arsénico en el agua, con valores multiplicados geométricamente muy por encima de los establecidos en la Norma Oficial Mexicana (NOM-127-SSA1) y no se diga de la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Algunos investigadores hemos revisado diversas bases de datos sobre mediciones en la calidad de agua extraída de los pozos, sea aquellos donde dichas personas se proveen diariamente para su consumo a través de las redes de distribución o de los pozos de uso agrícola cuando la provisión a través de dichas redes falla o es insuficiente, algunos de ellos son diez veces más que los 0.025 mg/l que establece la Norma Oficial, o veinte, treinta o más veces que los 0.010 mg/l que indica la OMS. Es claro que estas poblaciones están muy lejos, remotamente lejos, de acceder a agua potable, de que se cumpla el derecho humano a este recurso.
Incluso las personas que viven en dichas comunidades saben que estos problemas de salud se originan en la sobreexplotación que sufre el acuífero principal, la fuente donde se proveen de agua, que la mayoría de los pozos ubicados en sitios aledaños a sus poblados y viviendas, muchos de ellos antes concesionados a sus ejidos, están destinados a uso agrícola y se encuentran en manos de los dueños de los ranchos agroganaderos privados, dando por hecho que estos concentran el agua y que ante tal situación nada se puede hacer.
La pregunta que surge al respecto es: ¿Dónde están las instituciones gubernamentales responsables de regular las extracciones de agua del subsuelo? ¿Legalmente es permisible realizar estos bombeos indiscriminadamente? o, ¿Dónde están las instituciones responsables de velar por la salud pública de esas poblaciones? Es desafortunado que el sector de salud pública guarde silencio ante estos hechos reportados desde hace cuatro o cinco décadas por los investigadores académicos y que organismos como la Comisión Federal para Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) declare que carece de registros sobre los afectados por el hidroarsenicismo, ya que padecimientos como el cáncer no solo se origina en este factor.
Pero también es preocupante que no solo los representantes de las entidades oficiales federales declaren la falta de capacidades institucionales para actuar, también gobernantes locales guardan silencio ante esta grave situación, el cual suponemos que ya no es por desconocimiento de los hechos o porque esta problemática no es de la misma gravedad en la zona metropolitana con respecto a la que viven los residentes de ese cinturón periférico del valle irrigado. Incluso se da el caso de quienes declaran que dicha situación no es grave.
Tal postura es, definitivamente, una omisión en la política pública, de no ser por la comunidad médica académica o por los organismos de la sociedad civil se mantendría oculta para no afectar los intereses de quienes provocan esta situación, por el temor de que una intervención gubernamental afecte las actividades económicas basadas en esa forma no sostenible en el uso del agua. No se puede ocultar el sol con un dedo, los afectados directos continúan y continuarán multiplicándose de persistir este patrón de uso del agua, por ello dicha omisión debe atenderse, ya no es posible posponerla con opciones que solo la encubren y no la resuelven como hasta ahora ha ocurrido.
