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LUIS F. SALAZAR WOOLFOLK

La reciente celebración del Día de la Mujer, nos lleva realizar un balance de lo acontecido, una vez pasada la estridencia del momento.

La marcha del domingo en la Ciudad de México y en otras ciudades del país, cumplió con el objetivo de hacer visible y en su justa dimensión, el problema que implica la violencia en contra de las mujeres. La nutrida participación ciudadana, constituye una interpelación a la conciencia de la población de sexo masculino y al Gobierno en todos sus niveles, en cuanto a la falta de una estrategia preventiva en materia de protección a las mujeres, y en cuanto a la impunidad que reina respecto a los delitos de esa misma especie.

Las manifestantes de muy variadas formas de pensar y de todos los estratos sociales, coincidieron en focalizar la cuestión en los dos temas referidos, con independencia de que permanecen diferencias de agenda y de fondo. Destaca en especial un hondo diferendo que de no manejarse como tema aparte puede conducir a la ruptura, que es el caso de la lucha entre las abanderadas de la protección de la vida humana desde la concepción, y las promotoras de la legalización del aborto, que constituye una forma de violencia.

Un dato positivo es que a pesar de la participación de elementos radicales que apuestan a la violencia como expresión misma de la manifestación, se presentó como un fenómeno marginal, y en el caso de nuestra región estuvo ausente, lo que habla muy bien de la sociedad de la Comarca, y nos alienta en el esfuerzo por la convivencia armónica y la igualdad de oportunidades para todos.

En un primer momento frente al anuncio de la protesta, tanto el presidente López Obrador como algunas de las mujeres de su equipo de gobierno, tomaron el movimiento como si de un enemigo personal se tratara, como ha ocurrido con otras formas de participación ciudadana.

Sin embargo resulta rescatable la propuesta del Fiscal General de Justicia Gertz Manero, quien sugiere cambios en la definición penal del delito de feminicidio, para encuadrarlo en una forma de homicidio agravado, con el objeto de facilitar el proceso, en los casos de este tipo. El Fiscal tiene razón, porque el Ministerio Público está obligado a probar todos los elementos definitorios de cada tipo penal y en consecuencia, mientras más elementos se agreguen a la definición legal de cualquier delito, mayores son las dificultades para su persecución.

No se trata de desaparecer el delito de feminicidio, sino de considerarlo homicidio agravado, cuando concurran elementos que demuestren que se trata de un crimen por causa del género de la víctima, lo que exige la difícil tarea de probar las intenciones que existan en la mente del asesino. Con la propuesta de Gertz Manero suben las posibilidades de sujetar a proceso al inculpado por el crimen y su calificación última se deja como parte de la sentencia, de tal suerte que en el caso de que no lleguen a ser probados en su totalidad los elementos específicos del feminicidio, al culpable se le condena por homicidio y no queda sin castigo.

También es positivo el cambio de actitud de López Obrador, quién después de los palos de ciego iniciales pide a hombres y mujeres que trabajen juntos, y señala los peligros de una guerra social por razón de género, lo que distancia al Presidente de tendencias radicales que manipulan las luchas legítimas de algunas minorías, y las desvían hacia fines políticos. AMLO dice con acierto que la seguridad y la paz social es un objetivo que deben buscar unidos mujeres y hombres y pide fortalecer a la familia, a la que califica como la institución de asistencia social más importante del país y la reconoce como escuela de valores morales y espirituales.

Hoy día existen programas gubernamentales de protección específica a las mujeres, a los niños y niñas y a las personas de mayor edad pero se desarrollan por separado, sin articulación alguna. Falta que esa intención de López Obrador aterrice en políticas públicas de protección a la familia, como un todo integral, dentro de una constelación armónica de intereses comunes de hombres, mujeres, menores de edad y personas vulnerables.

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