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EDITORIAL

Porfirio Díaz Jr., su empresa del agua en Torreón (II)

Yo río libre

JULIO CÉSAR RAMÍREZ
sábado 29 de febrero 2020, actualizada 8:17 am


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Continuamos la historia de un fraude mayor. La nueva empresa, Compañía Mexicana Abastecedora de Aguas y Saneamiento de Torreón, S.A., quita del camino a la Compañía Abastecedora de Agua y Saneamiento de Torreón, S.A., y toma, al través de maniobras y de manejos jurídicos turbios, la estafeta en 1906.

El ingeniero T.S. Abbott inspecciona los trabajos y presenta sus reportes al gobernador Cárdenas de Coahuila. Pero desde el principio detecta el retraso en la instalación de las redes de agua potable y drenaje.

Algunos problemas -menciona el informe- se debían a la carencia de materiales, que se habían solicitado a fábricas europeas y no llegaban, lo que hacía prácticamente imposible conectar la red de tuberías. Otros tenían su origen en dificultades para hacer excavaciones a consecuencia del subsuelo arenoso de la localidad.

Hasta abril de 1907, a punto de que la villa fuera elevada al rango de ciudad, los trabajos de agua y saneamiento apenas llevaban el avance de un kilómetro y medio de tubería y únicamente se había hecho una docena de pozos de visita.

Las dificultades se prolongaron algunos meses más. Y al llegar diciembre, mes establecido en el contrato de 1906 para la entrega de la obra, ésta no pudo concluirse. Torreón era ciudad y no tenía red de agua potable ni alcantarillado.

La Compañía Mexicana solicitó una prórroga de siete meses, a través de su gerente Jacinto Pimentel, quien argumentaba que los materiales defectuosos habían impedido que se terminara a tiempo. La prórroga se concedió.

Otra hebra en el enredo. Manuel Garza Aldape figuraba como encargado de conducir en La Laguna las alianzas militares con que contaba Bernardo Reyes desde que formó la Segunda Reserva del Ejército en 1902. -A principios de 1900, el gobierno de Díaz se había vuelto muy corrupto, comenta Tulitas Wulff Jamieson en "Tulitas de Torreón".

Otra huella de la dictadura: En septiembre de 1907, el ayuntamiento de Torreón aprobó un reglamento ordenado por el gobernador Miguel Cárdenas a través del jefe político del distrito, Juan Castillón, cuyo primer artículo determinaba:

"Se declara obligatorio el servicio de agua y saneamiento para todas las casas de la ciudad de Torreón ubicadas en las calles por donde se extienden las obras de entubación de agua potable y las de desagüe, con excepción de aquellas fincas cuyo valor fiscal sea inferior a 200 pesos".

Los restantes 51 artículos del reglamento, especificaban con detalle la forma de operar del servicio tanto de agua potable como del desagüe, las obligaciones de los propietarios de las viviendas y las correspondientes a la Compañía Mexicana. Asimismo, se señalaban los costos de las multas para quienes infringieran dicho reglamento.

Se desconoce la fecha exacta de la inauguración del servicio, pero las historiadoras Candelaria Valdés y Martha Rodríguez suponen que se realizó a fines de 1908, una vez que el inspector Abbott emitió en su informe que ya se estaba en condiciones de operarlo, "un año después del plazo que se fijó en el contrato de 1906".

Una ola de reclamos se desata en los primeros meses de 1909 ante el ayuntamiento y el gobernador contra los cobros de la Compañía Mexicana Abastecedora de Aguas y Saneamiento.

Propietarios de viviendas, comerciantes e instituciones se quejan por cuotas, multas y tarifas. Tres pesos por 15 mil litros de agua, más el pago por derecho al drenaje; 1 peso 25 centavos por un excusado, 75 centavos por un lavabo, 50 centavos por renta de medidor. Total, 6 pesos 25 centavos, 45 % sobre una renta de 15 pesos al mes.

Hasta los adinerados se inconforman. Rafael Aguirre reduce a uno su servicio de lavabos pero paga 20 pesos al mes por uso de drenaje. José María Rodríguez, doctor, paga cuota similar, lo mismo Francisco Larriva y Manuel Garza Aldape, que había sido representante de la Compañía.

Casas comerciales como Buchenau & Co. y Julián Lack, pagan también cuotas "elevadas", a juicio de los quejosos.

A instituciones federales como el cuartel militar y la oficina de Correos se les niega el descuento que estipula el contrato, porque el inspector de la Compañía argumenta que todo opera para establecimientos públicos locales y estatales.

El jefe político, Juan Castillón, incluso llega a proponer la clausura de todas las viviendas en donde no se han instalado obras de saneamiento, bajo el argumento de que son focos de infección que propagan epidemias.

Y era sólo el principio.

(Continuará)

@kardenche

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