Con una inversión de casi 363 millones de pesos, el gobierno federal planea rehabilitar 63 kilómetros de la línea ferroviaria entre Veracruz y Oaxaca. La obra, que forma parte del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, tardará en ejecutarse tres años, una vez que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) apruebe los estudios de impacto ambiental. (EL UNIVERSAL)
Con una inversión de casi 363 millones de pesos, el gobierno federal planea rehabilitar 63 kilómetros de la línea ferroviaria entre Veracruz y Oaxaca. La obra, que forma parte del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, tardará en ejecutarse tres años, una vez que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) apruebe los estudios de impacto ambiental.
En términos generales, el proceso de rehabilitación en el tramo de las localidades de Medias Aguas, Veracruz, a Tolosita, Oaxaca, consiste en el cambio de rieles, reparación de puentes y retiro de construcciones que invaden el derecho de la vía, entre otras.
Dicha información está contenida en la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) que presentó ante la Semarnat la empresa de participación estatal Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec.
En el estudio se consigna la necesidad de rectificar 32 curvas en 63 kilómetros que conforman el tramo de Medias Aguas a Tolosita. Este plan tiene el propósito de reducir riesgos y aumentar la velocidad del ferrocarril, como parte del megaproyecto para el desarrollo integral del Istmo.
Según el documento, desde la perspectiva ambiental, "el proyecto ferroviario es positivo porque las afectaciones a la vegetación serán mínimas, no afectará el flujo hidrológico y tampoco a la biodiversidad de la zona". Además, asegura que las escasas afectaciones serán mitigadas o reducidas.
Asimismo, menciona que para la ejecución de los programas ambientales, como el rescate de la fauna, se dispone de un millón 240 mil pesos aplicables en el periodo de rehabilitación, el cual durará tres años a partir de que la Semarnat apruebe la Manifestación de Impacto Ambiental en ese tramo, donde serán cambiados 3 mil 231 durmientes en el tramo de Medias Aguas a Tolosita.
De ese total, mil 495 son de madera y mil 736 de concreto, además se sustituirán 6 mil 285 tramos de rieles dañados, de un total de 124 mil que existen en ese tramo.
Para el coordinador regional del Comité Nacional para la Defensa de los Chimalapas, Miguel Ángel García Aguirre, que integra la campaña El Istmo es Nuestro -que se opone al Corredor Interoceánico del Istmo-, el inicio de la rehabilitación de ese tramo de 63 kilómetros podría ser sólo un señuelo para "engatusar a las poblaciones".
"El Corredor Interoceánico se reconoce en el documento y lo han confirmado los funcionarios federales. Es un proyecto multinacional que tiene el propósito de atraer mercancía que se mueve por el Canal de Panamá y de construir unos 10 parques industriales en la franja transístmica y modernizar los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos", recuerda García.
"Las comunidades no tienen la suficiente información sobre el proyecto y por eso demandamos que las autoridades convoquen a foros y debates con especialistas en derechos humanos, medio ambiente y desarrollo económico", comentó. Según el estudio que presentó el FIT, con fecha de enero de este año, ante la Semarnat, la rehabilitación entre Medias Aguas y Tolosita beneficiará a unos 7 mil habitantes de los municipios de Sayula de Alemán y Jesús Carranza, de Veracruz, y a Matías Romero, Oaxaca, cabecera de Tolosita.
Acusan amenazas a 97 familias por tren
Al titular del comisariado ejidal de San Juan Guichicovi, Albino Pedro Jacinto, le negaron la palabra en la asamblea consultiva que realizó el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (Inpi) el pasado 30 de marzo en la comunidad mixe de Jaltepec de Candayoc.
El dirigente campesino sólo iba a pedir más información sobre el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, pero no pudo.
La misma situación le sucedió al representante de los ejidatarios del poblado mixe, Mogoñé Viejo, que pertenece a Ángel González Miguel. No le permitieron que hablara o que preguntara.
Denuncias de esa naturaleza documentó el presidente de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni), Dagoberto Toribio Severo, para elaborar la queja que presentó ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contra Hacienda, el INPI y la Procuraduría Agraria (PA), por violaciones al derecho a la consulta.
En ella se pidió a la CNDH que emita una recomendación al gobierno federal para que sean protegidos los derechos de las comunidades indígenas que serán impactadas por la rehabilitación del Tren Transístmico y la construcción del gasoducto que corre entre Veracruz y Oaxaca.
"Vamos a ver si la titular de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, responde a la petición de medidas cautelares para evitar que inicien las obras del transístmico y que el gobierno mexicano realice una verdadera consulta apegada a estándares nacionales e internacionales", señala el asesor de Ucizoni, Carlos Beas Torres.
Agrega que la respuesta debe ser los más pronto posible, porque en las la zona norte del Istmo la empresa privada Ferropartes Industriales del Norte, a través de su representante Alejandro Vásquez López, intimida a las familias que viven cerca de las vías del tren.
"Sin autoridad legal alguna y sin estudios serios sobre el impacto ambiental, [la empresa] amenaza a las familias diciéndoles que serán desalojadas de sus viviendas y que van a desmontar, mediante el derribo de árboles, todo por donde pasa el tren", acusa.
De acuerdo con Beas Torres, el gobierno federal "está actuando en forma desaseada". Por ahora, denuncia que son 97 familias las que ya fueron amenazadas de desalojo, pues el gobierno considera que están en el derecho de vía del ferrocarril. Son dos familias de Almoloya, 15 más de Mogoñé Estación y 80 de Rincón Viejo Norte, de Santa María Petapa.
Por esta razón, el asesor advierte que la imposición del corredor interoceánico "traerá conflictos sociales", pues los ejidatarios de San Juan Guichicovi aseguraron que no permitirán ninguna acción del gobierno o de particulares, hasta que no cuenten con la suficiente información. "No hemos sido informados ni consultados de los impactos en nuestros territorios, en términos del Convenio 169 sobre pueblos indígenas", señalan en la queja presentada el 29 de enero ante la CNDH.
El 14 de junio de 2019, el gobierno mexicano publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que crea el organismo llamado Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y, de acuerdo con información oficial, tendrá para ejercer cerca de 10 mil millones de pesos para avanzar en la rehabilitación del Tren Transístmico, columna vertebral del proyecto.
Además, se modernizarán las instalaciones portuarias de Salina Cruz y Coatzacoalcos, se construirá un gasoducto entre Veracruz y Oaxaca y se realizará el tendido de una fibra óptica para proporcionar el servicio de internet, entre otras acciones.
