Al ver por años, semana tras semana, el catálogo del horror desplegado por el crimen es obligado preguntar: pero ¿qué fue lo que hicimos o dejamos de hacer?
Cuando se mira a un adolescente y un joven muertos por jugar a "las maquinitas", justo cuando la maña llegó a cobrar el derecho de piso; a niños armados para nutrir la espiral de violencia; al hambre y el éxodo en la sierra de Guerrero porque el fentanilo desplazó a la amapola; brazos, cabezas o torsos tirados a la vera de un camino o cuerpos colgados en un puente; a un policía muerto por cumplir con su deber y a otro muy vivo por faltar a él; a una madre doliente enterrar a un desconocido, creyendo que es su hijo desaparecido; a un obispo consagrar un matrimonio en la catedral tomada por la fuerza de un cártel; un jaripeo transformado en un presidio; a un chofer mutilado porque su patrón no apagó a distancia el geolocalizador del autotransporte de mercancía; a un migrante reclutado por el crimen; a una persona sin orejas o dedos porque tardó el pago de su rescate; a infinidad de mujeres incorporadas a fuerza a la prostitución; a un franelero convertido en halcón; a un paisano pagar al Estado y al crimen el peaje por cruzar la frontera...
Cuando se mira eso desde hace infinidad de años, es hora de preguntar: ¿qué fue lo que hicimos? Todos, no éste, el anterior o el anteanterior gobierno.
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El crimen ya no sólo le disputa al Estado el monopolio del uso de la fuerza y el del tributo. También le compite en el control del mercado del combustible, el agua, el transporte terrestre de pasaje y carga y, desde luego, en múltiples regiones, la autoridad política y social. Y, por si algo faltara, el crimen le complica al Estado la vecindad con la potencia de al lado, cuyo gobierno exige lo que no ofrece y hace del chantaje el músculo de su capricho político.
No, no se trata de cargar esa deplorable situación a la administración de hoy, ayer o antier, sino de llamar la atención del conjunto de la clase política sobre la urgencia de acordar y diseñar una auténtica política de seguridad de largo plazo que, aun cuando pasen años -no podrá ser de otro modo-, permita someter al crimen y garantizar la vida, la integridad, el patrimonio, así como las libertades y derechos a la ciudadanía.
Es imposible. No se van a corregir en un sexenio los errores cometidos durante más de veinte años. Por ello, seguir alimentando la fantasía de que, en quince minutos, a los cien días, al primer año, al inicio de la segunda mitad o al término de no importa qué sexenio se sentirá una mejora es y será tanto como convertirse en cómplices del crimen.
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Si antes se paliaba lo urgente a costa de postergar lo importante, ahora resolver lo importante se está volviendo urgente. Se está llegando a un punto de quiebre del Estado, sin que ello implique que la violencia criminal toque fondo.
Aun así, desde hace años no se advierte disposición gubernamental ni opositora para acordar y formular una política transexenal de seguridad que, sin importar qué fuerza ocupe más adelante el gobierno, quede fija y sólo se administre. No, se ve algo peor. El cambio constante de políticas e instituciones, uniformes y cromática de los vehículos oficiales y, desde luego, de leyes en el Estado de derecho inexistente, todo para generar la ilusión de que se hace algo mejor a lo anterior, aun cuando lo anterior sea presente.
Lejos de llegar a un acuerdo respetable y respetado en la materia, se insiste en hacer del fracaso ajeno, la victoria propia. Derivar ganancias de la ruina del contrario. Cuanto peor le vaya a este o aquel gobierno en seguridad, mayor la posibilidad de sustituirlo, de tomar el turno para hacer lo mismo.
Sangre qué derramar siempre habrá suficiente.
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Algo de eso también se advierte en algunos especialistas y activistas empeñados en diseñar e instrumentar sistemas de prevención, persecución y penalización del delito, propios de un país de leyes, cuando México no es uno de ellos.
Se ignora adrede la situación excepcional impuesta por el crimen y, por no faltar a la corrección política, se desarrollan modelos ajenos o inaplicables a la circunstancia nacional. Se exige al Estado respetar y garantizar plenamente derechos y libertades, a sabiendas de que estos han sido conculcados por el crimen desde hace años. Hablar del estado de excepción o de la suspensión de garantías, justo donde éstas ya no prevalecen, es motivo de silencio, no de análisis ni de debate. Se simula que el nivel de inseguridad no es tal que obligue a pensar en suspender garantías para recuperarlas. Se olvida, sin borrar, el artículo 29 constitucional.
De eso, mejor ni hablar, como tampoco de la pérdida de la frontera entre crimen y política, aun cuando un secretario de Seguridad esté siendo juzgado en Estados Unidos por servir y proteger al crimen y no a la ciudadanía.
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El país viene ensayando desde finales del siglo pasado distintos modelos de seguridad y justicia sin dar margen al resultado de la experimentación, regalando así enormes ventajas al crimen.
Profesionales o no, las bandas criminales festejan, como ni los partidos lo hacen, la alternancia en el poder político. La alternancia política es jauja para ellas. Al no haber políticas y modelos de seguridad de largo plazo ni lealtad, continuidad y honestidad política en la transmisión del poder entre partidos de distinto signo, el campo criminal es una pradera.
La memoria del horror criminal ya no tiene espacio, las estampas de violencia en la conciencia nacional han perdido fuerza y su reiteración ha anestesiado la capacidad de asombro, por eso vale preguntar: pero ¡qué fue lo que hicimos!
