El PRI Durango señaló falta de transparencia y manejo discrecional de los recursos de programas sociales y de obras públicas. (EL SIGLO DE TORREÓN/VIRGINIA HERNÁNDEZ)
El presidente del Consejo Directivo Estatal de PRI en Durango, Luis Enrique Benítez Ojeda, acusó la falta de transparencia y legalidad del Gobierno de la 4T en los programas sociales y licitaciones en obras públicas.
Afirmó en rueda de prensa que el nuevo Gobierno opta más por hacer adjudicaciones directas de contratos y obras, que a través de procesos de licitación, o bien, la falta de reglas de operación claras en la operación de los programas sociales.
El presidente del CDE del PRI dijo que el Gobierno federal debe realizar las adquisiciones, servicios y el otorgamiento de contratos públicos, siempre a través de licitaciones o concurso público, bajo los principios de ética, transparencia y legalidad. Mencionó que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no los ha tomado en cuenta y únicamente el 12 por ciento de los contratos se han licitado, en tanto el 90 por ciento se realiza a través de adjudicaciones directas, donde las reglas que rigen para su operación son poco claras para los mexicanos.
Indicó que en los recursos asignados para este 2020 en el renglón de programas sociales no se tienen reglas de operación para su implementación.
Citó que dichos programas tuvieron un aumento de más de 21 mil millones de pesos, pero que dichos recursos se encuentran fuera de la rendición de cuentas y serán utilizados de manera discrecionalidad, sin la certeza de que llegará a las familias.
Refirió que el dinero que el gobierno mexicano ha designado a programas sociales para 2020 que si cuentan con reglas de operación ha disminuido a más de 34 mil millones de pesos, por lo que en el presente año se gastará más dinero en programas sociales que no tiene reglas de operación claras para todos.
Señaló que los subsidios que otorgar el gobierno a sectores públicos y privados a nivel estatal y municipal, es dinero que tendría que ser transparente en su totalidad. Pero, en 2020 más del 63 por ciento de dicho dinero no obliga a tener reglas de operación y casi el 6 por ciento más respecto a 2019, por lo que aseguró que su uso puede ser discrecional y respondiendo a los intereses del Gobierno federal.
Afirmó que con este nuevo gobierno las reglas de operación han sido olvidadas de manera voluntaria, lo cual atenta contra la transparencia y la legalidad.
También aseguró que se usa el dinero sin eficiencia y en forma poco transparente y en forma discrecional, por lo que se abre la puerta a la corrupción.
