En solidaridad con Sergio Aguayo.
De nuevo, el país resbala por el tobogán del desencuentro que vulnera sus posibilidades, frena el desarrollo, desvanece el horizonte y anima la confrontación.
El factor de la esperanza despertado e impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador comienza a perder efecto y los términos de la discusión polarizada sobre el éxito o el fracaso de la transformación pretendida empañan el debate serio y, peor aún, el diálogo y el acuerdo. La discusión discurre ya no sólo por la vertiente de la vicisitud económica, sino también de la social y la política.
En ese panorama, hay asuntos -unos sintomáticos, otros emblemáticos, casi todos importantes- cuya definición y solución podrían distender el ambiente y, quizá, reponer las bases del entendimiento. La pregunta es por qué no se definen o resuelven. Hay, pues, dudas razonables sobre la compostura y la actitud de distintos actores políticos.
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¿Se puede provocar daño moral a Humberto Moreira? Lastimar el decoro, el honor y la reputación del político coahuilense con la fama pública que arrastra, en verdad, resultaría una hazaña. Esa fama la labró el propio exgobernador y es difícil pensar en añadirle capítulos, cuando él mismo ha hecho de ella una enciclopedia. Por eso, no asombra el lance del político contra el académico y articulista Sergio Aguayo, al cual reclama diez millones de pesos para reparar el supuesto daño provocado al decirle que despide un hedor a corrupción. Esa actitud forma parte de su naturaleza, de su congruencia incongruente. En gente como él, se entiende sin justificar la manía de socavar el significado de la palabra y la libertad de expresión.
Asombroso, eso sí, que un magistrado con posible conflicto de interés, como Francisco José Huber Olea Contró, obsequie el capricho de Moreira e imparta injusticia en nombre del derecho. Eso es lo asombroso, lo vergonzante: que sea el Congreso local quien llame al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Ciudad de México, presidido por el magistrado Rafael Guerra Álvarez, a indagar la conducta de Olea Contró. ¿Por qué, en medio de un serio problema de credibilidad, el Poder Judicial local se cruza de brazos ante un asunto que ahonda su desprestigio?
En el agravio, ese sí un verdadero daño, cometido en contra de Sergio Aguayo, se juega la libertad de expresión. ¿Hasta dónde habrá que llegar para defenderla?
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¿Por qué se detiene y encarcela a los migrantes, y no a los traficantes de personas? Ante la vergonzante política migratoria adoptada en el país a causa del chantaje practicado por el gobierno estadounidense de Donald Trump, hasta el lenguaje ha sido trastocado. No, no se está rescatando y protegiendo a los migrantes centroamericanos, se les está deteniendo y encarcelando. Esa es la realidad.
Lo increíble del asunto es que, según el dicho del secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, "el 80 por ciento de la movilización organizada de migrantes tiene atrás tráfico de personas". Si se tiene esa valiosísima información, ¿por qué no en vez de detener y encarcelar migrantes, se hace eso con los traficantes de personas?
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¿Por qué no se corrige al refranero de Gobernación? Vez que el subsecretario de Gobernación Ricardo Peralta interviene en un conflicto, lejos de resolverlo lo complica.
Así ocurrió con los taxistas, el magisterio, los grupos de autodefensa y, ahora, en medio del desencuentro presidencial con los familiares de víctimas del crimen, Peralta enciende la confrontación con un lamentable tweet: "A chillidos de marrano, oídos de chicharronero". Luego, el funcionario -quien por ley debe promover la construcción de acuerdos y no de desacuerdos- jura que su mensaje no era para quienes reclaman paz y justicia, sino en mera reivindicación de los refranes populares. Así como así. Peralta no resuelve conflictos, los agrava y coloca en apuros a otros funcionarios, sea la jefa del gobierno capitalino, el secretario de Educación o, incluso, a su jefa Olga Sánchez Cordero o al propio presidente López Obrador.
¿Cuándo se corregirá al refranero de Gobernación? Sí hay lastres en la administración.
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¿Por qué no resolver casos emblemáticos de la criminalidad? Cada vez es más notoria la molestia presidencial ante el cuestionamiento de su estrategia de seguridad como también ante el reclamo de paz y justicia.
El Ejecutivo toma la crítica o el reclamo como un asunto personal y no como un problema que, a lo largo del siglo y no sólo a partir de su sexenio, ha lastimado grandemente a la población. Aun cuando así lo piense, el clamor por recuperar la seguridad no es de ahora, sino desde hace tiempo: no se reclama hoy lo que se calló ayer. Nada de eso.
Al margen de los resultados que, quizá, más adelante arroje su estrategia, la solución de algunos de los casos más emblemáticos lo ayudaría a contar con ese margen de tiempo y maniobra que requiere. Pero, si ni esos casos se resuelven, ¿por qué pensar que los de mañana sí?
Ha transcurrido un año desde la tragedia de Tlahuelilpan, Hidalgo, así como del asesinato del activista Samir Flores que resistía la termoeléctrica de Huexca, Morelos. Tres meses han transcurrido de la detención y liberación de Ovidio Guzmán en Culiacán, Sinaloa, así como de la masacre de las mujeres y los niños en Bavispe, Sonora... y no hay respuesta cabal. ¿Por qué no empeñarse en resolver en serio al menos los casos que sacuden al país? ¿Por qué no mandar señales del combate a la impunidad?
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Hay, pues, asuntos y casos emblemáticos cuya solución podría contribuir a generar otra atmósfera, un cierto entendimiento y no perder la esperanza. Definirlos o resolverlos disipararía dudas.
