La ruta del Tren abarca los estados de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán, en donde se crearán nuevos centros de población. (ARCHIVO)
El director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons, admitió que el Juzgado de Distrito radicado en Campeche, concedió una suspensión provisional para frenar actos tendientes a la ejecución del megaproyecto "Tren Maya", pero reiteró que no han sido aún notificados.
En entrevista con El Universal, aseguró que una vez que se cumpla con esa formalidad legal, acatarán lo que dicte el acuerdo correspondiente, en tanto se resuelve el juicio de amparo iniciado por miembros de comunidades de Calakmul e Xpuhil, que forman parte del Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (CRIPX).
"Hasta el momento no hemos sido notificados formalmente y peor, si me lo mandaron por correo, apenas me están llegando tarjetas de Navidad; imagínate cómo está la cosa. Pero una vez que nos llegue, lo vamos a tener que atender como Dios manda, de acuerdo con lo que marca la ley", expresó.
A pregunta expresa, reconoció que contaba con información parcial sobre la negativa a la suspensión de la Consulta Indígena, pero posteriormente fue informado que se concedió la suspensión en lo concerniente a la ejecución del proyecto.
Dijo que no se actuará al margen de la ley, pero se defenderá el proyecto, pues "nos asiste la razón".
El funcionario federal cuestionó que la postura de uno o más miembros de las comunidades indígenas frene la decisión de la mayoría de esas mismas localidades, que respaldan el megaproyecto de reordenamiento territorial, "Tren Maya", consistente en mil 460 kilómetros de vías férreas, con 18 estaciones y 12 paraderos propuestos.
La ruta del Tren abarca los estados de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán, en donde se crearán nuevos centros de población.
"No estamos hablando de que sean 'las comunidades indígenas' las que se están amparando. Eso es importante aclararlo. Son un grupo de seis personas, inconformes, un grupo muy pequeño, que tienen todo el derecho a expresarse, que tienen nuestro respeto.
"Pero ahí es donde yo pregunto: ¿Hasta dónde unos pocos, tienen derecho a frenar una obra que beneficia a muchos y que muchos están respaldando? Nosotros documentamos las asambleas y el sentir de las comunidades, durante los procesos de consulta y el apoyo es abrumador", expresó.
De acuerdo con el "Análisis de Expresiones de las Peticiones, Intervenciones y Escritos de la Asamblea Consultiva de Xpujil", sobre el Tren Maya, de 83 comunidades convocadas, acudieron representantes de 70, es decir, un 84.3 por ciento.
Acudieron 438 personas, de ellas, 125 autoridades indígenas, nueve observadores nacionales e internacionales; 57 funcionarios; tres medios de comunicación y 244 clasificado como "público en general".
Un 49 por ciento de quienes se expresaron durante la asamblea no definió una postura, según la gráfica que acompaña al documento; el 48 por ciento se mostró a favor y el tres por ciento, en contra.
En el documento elaborado por el Fonatur, se lee que en el acta de la asamblea consultiva, se indica: "Hay un consenso generalizado que acepta la implementación del Programa de Desarrollo denominado Tren Maya, con excepción de la organización identificada como CRIPX, la cual fue la única que se expresó en contra y decidió no se parte de ese consenso".
De los escritos que se recibieron durante esa jornada, dos se pronunciaron en contra del proyecto, uno del CRIPX y otro por un particular, cuyo texto era el mismo. Otros 29 escritos fueron positivos y 46, neutrales. Ninguna otra comunidad u organización presentó alguna postura escrita, en sentido negativo.
De las 27 intervenciones, 19 fueron favorables (70%); siete, neutrales (26%) y 1 negativa (4%), manifestada por el CRIPX.
"Es ahí donde te vuelvo a preguntar. ¿Hasta dónde es válido que una minoría, pare el proceso en donde otros son mayoría? ¿De verdad estamos planteando algo tan malo, como para que salgan con esas resistencias? De ser así, ¿por qué encontramos tanto apoyo?", cuestionó.
Las organizaciones indígenas opositoras al megaproyecto y a la Consulta Indígena han explicado en su momento, que todo el proceso fue una simulación, partiendo desde la elaboración de las reglas de la propia consulta, establecidas por las autoridades y no por los pueblos originarios, lo que violenta el principio de libre y culturalmente adecuada, establecidos en el Convenio 169 sobre los Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
También han señalado que la convocatoria para asistir a las Asambleas Informativas no fue a las comunidades, sino a ejidatarios que se asumen como representantes y han sido presuntamente manipulados con promesas de bienestar y que en general las y los indígenas que apoyan el megaproyecto han sido "engañados", con la idea de que el Tren solucionará todos sus problemas y los rezagos de la región, sin conocer los impactos reales de las obras, que no fueron expuestos en esas asambleas.
