Como candidato Andrés Manuel López Obrador prometió la autosuficiencia, pero como presidente parece empeñado en destruir una de las industrias más importantes de nuestro país, la farmacéutica.
El pasado 24 de enero el secretario de salud Jorge Alcocer Varela publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto que permite la libre importación de medicamentos avalados por un grupo de reguladores internacionales. En principio esto no debería ser un problema. La apertura comercial, como sostienen los liberales, beneficia a los consumidores al darles acceso a los productos más competitivos del mundo. Sólo que esta apertura no se extiende a los productores mexicanos, que están sufriendo una asfixiante regulación burocrática de Cofepris, nuestra Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios, la cual está encabezada hoy por funcionarios que quizá sean 90 por ciento honestos, pero que difícilmente llegan a un 10 por ciento de capacidad.
Las historias de horror se multiplican. Una empresa se queja de que la Cofepris le cerró la producción de un medicamento, y le ordenó un recall, un costosísimo retiro de mercancía, porque había un error de dedo en los datos del proveedor suizo de la materia prima. Otra me dice que Cofepris le canceló el registro sanitario de un producto que representaba más de 70 por ciento de sus ventas, también por razones burocráticas que no generaban riesgos sanitarios, y sin permitirle ninguna aclaración. La empresa ha tenido que despedir a decenas de empleados, pero aun así está al borde de la quiebra.
A esto hay que añadir los problemas del nuevo gobierno para adquirir medicamentos para el sector público. Las compras consolidadas se han retrasado y muchas claves han quedado desiertas. La escasez de 2019 probablemente se agravará en 2020.
El presidente y sus funcionarios afirman que todos los problemas son producto de la corrupción anterior. Acusan en particular a la firma tapatía Pisa, el mayor fabricante de genéricos del país, sin nunca revelar el detalle de sus supuestas irregularidades. Sí han señalado que la compañía no quiso entregar al gobierno sus existencias de metotrexato, un medicamento contra el cáncer, pero la producción tiene sellos de clausura de Cofepris, también por razones burocráticas, y la empresa no quiso violarlos sin un oficio de la autoridad. El gobierno respondió importando el medicamento de la India a través de una empresa registrada en Francia.
El único caso claro de corrupción recae en el actual gobierno, en las compras a Laboratorios Solfrán, empresa propiedad del ex superdelegado en Jalisco Carlos Lomelí. La Secretaría de la Función Pública ha cancelado ya tres de las cuatro partidas que se le adjudicaron en diciembre de 2019.
Si el propósito del gobierno es acabar con la industria farmacéutica nacional, va por buen camino. Solo un 50 por ciento de la capacidad instalada de la industria está operando. Los despidos ya han empezado y se espera que aumenten en este 2020.
Pero es una tragedia. La industria farmacéutica mexicana, que tiene una alta calidad técnica, genera cerca de 87 mil empleos directos y poco más de 400 mil indirectos. Aporta alrededor del 7 por ciento del producto manufacturero (KPMG). Destruirla por razones políticas es una de las decisiones más irracionales del actual gobierno.
¿COINCIDENCIA?
El amparo directo de Sergio Aguayo fue turnado al 13er tribunal colegiado civil que preside la magistrada María Concepción Alonso Flores, una de las que condenó a Olga Wornat y a Proceso a pagar una indemnización a Martha Sahagún por daño moral. Proceso fue posteriormente exonerado por la Suprema Corte, no así Wornat.
Twitter: @SergioSarmiento
