El punto de acuerdo aprobado por el Congreso de Coahuila la semana pasada, en el que una mayoría de los diputados que integran la Comisión Permanente, reclama al gobernador Miguel Riquelme la sorpresiva contratación de créditos por mil millones doscientos mil pesos, de los que su administración dispuso el último día de diciembre del año pasado, revela que en el actual sexenio, la opacidad en el manejo de recursos públicos, permanece y continúa.
De acuerdo a la información disponible, los créditos referidos habrían sido contratados a espaldas del Congreso, a lo que el gobernador ha contestado que el Ejecutivo a su cargo está facultado para obtener créditos de corto plazo sin requerir autorización de la Legislatura, y que en base a tales atribuciones que la Ley le confiere contrajo tales adeudos, sin que por otra parte este obligado a informar previamente al Congreso.
La opinión del mandatario es equivocada y su postura contraria a derecho, y nos recuerda la actitud cínica de los gobernadores priistas durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Lo anterior porque los créditos en comento fueron contratados y ejercidos el mes de diciembre pasado, y permanecieron ocultos durante todo el tiempo en que fueron discutidas las iniciativas de Ley de ingresos y Presupuesto de Egresos para el año de 2020, que fueron aprobados por el Congreso a fines de 2019.
Es cierto que el Ejecutivo tiene facultades para contratar créditos de corto plazo hasta cierta cantidad límite, que debe ser pagada en un año a más tardar. Sin embargo, la presentación al Congreso de un proyecto de Ley de ingresos vinculada a un presupuesto de egresos, en este caso debió de estar acompañada de una información completa relativa al monto y destino de dicha deuda que deberá ser pagada a lo largo del ejercicio 2020, porque en el Presupuesto debe existir una previsión determinada de las partidas que serán destinadas al pago de esos préstamos y en la Ley de ingresos, se debió considerar el origen de los recursos que serán aplicados al pago.
El gobierno de Riquelme no cumplió con la obligación elemental que lo anterior implica, por lo que al informar a destiempo el haber hecho la contratación de mil doscientos millones de pesos, que no se sabe para qué los pidió prestados, la previsión de su pago va a exigir un ajuste presupuestario que como tal requiere la aprobación del Congreso. Lo anterior es doblemente grave, porque el pago de una deuda cuya causa y destino no se conocen, será metido con calzador en un presupuesto muy limitado, lo que hace suponer que será cubierto en disminución arbitraria de la partida de inversión pública, que de por sí es raquítica y por tanto, las obras que tanto se anuncian, no serán realizadas.
Esa forma obscura de operar explica el por qué el Gobierno del Estado no ha cumplido a cabalidad sus compromisos en el sistema "vamos a michas" mediante el cual se pactó una inversión conjunta entre Estado y Municipios para diversas obras y en consecuencia, los proyectos involucrados en tal sistema han recibido solo una parte de su financiamiento y como es de esperar las obras se encuentran atrasadas y por ende incompletas. El ejemplo emblemático de una obra del Gobierno del Estado, que simplemente no concluye, es la del Metrobús.
Otra parte a considerar es que la deuda de corto plazo cuyo comentario nos ocupa es adicional a la carga inclemente que pesa sobre las espaldas de los coahuilenses, significada en la deuda pública de largo plazo. Resulta que después de haber pagado treinta mil ochocientos millones de pesos al servicio de la deuda los últimos ocho años, aún se adeuda un monto de capital de treinta y seis mil millones de pesos, y el plazo para su pago está determinado para dentro de veintiocho años contados a partir de esta fecha.
Al cúmulo de circunstancias que preceden, se suma el hecho de que los coahuilenses nos encontramos en pleno proceso electoral para renovar Congreso del Estado. La necesidad de tener elecciones libres de sospecha de un eventual desvío de fondos hacia las campañas del PRI como partido en el poder a nivel estatal, obliga al gobierno de Riquelme, a proceder con absoluta transparencia.
