Los sacerdotes católicos romanos dependen de su obispo, quien los contrata y puede removerlo de la parroquia que le fue asignada. En el caso de los órdenes y congregaciones religiosas los obispos les asignan una parroquia que está habitualmente a cargo de un equipo sacerdotal de la congregación respectiva. El obispo puede también remover a la congregación religiosa y asignárselo en forma discrecional a otro sacerdote o congregación. Este panorama donde el obispo es dueño de su diócesis está francamente cuestionado por la realidad de la Iglesia. En muchos casos no puede cambiar al sacerdote, pues con la crisis vocacional simplemente no tiene capacidad para sustituirlo por otro más dócil al obispo. Esta situación es la crisis por la que atraviesa la Arquidiócesis Primada de México, cuyo arzobispo ha perdido prácticamente el control de la misma, la discusión no es teológica sino por el control de los dineros.
La Iglesia católica es probablemente el último paraíso fiscal con existencia legal en México y en el mundo. Desde la elección de Francisco, este se lanzó a controlar las finanzas del IOR, el banco vaticano, con muchas dificultades, resultado de los cuantiosos intereses involucrados en el asunto. En los últimos años del pontificado de Benedicto XVI la Santa Sede se había transformado en un paria fiscal, acosado por los órganos de control financiero europeos. Francisco aportó a la transparencia, pero además se ganó fuertes enemigos y los obispos norteamericanos le han quitado el financiamiento y la Iglesia católica alemana está en una situación financiera difícil, pues por los escándalos de abusos sexuales muchos han retirado su aporte a través del impuesto religioso. Complica el panorama que los grandes aportantes privados han retirado su apoyo en disconformidad con la política vaticana en derechos humanos, medio ambiente, inmigrantes y pobreza. Ante esta realidad el Vaticano presiona sobre las iglesias locales para que aporten a su mantenimiento. Visto en otra perspectiva, el nuncio apostólico es un gran cobrador del Óbolo de San Pedro, la cuota que las iglesias locales aportan al Vaticano.
En México la Iglesia Católica está presionada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), que le exige transparencia en el uso de los recursos. Los ingresos de las iglesias están libres de impuestos, exclusivamente cuando se aplican a actividades religiosas, pero deben pagar impuestos sobre salarios o si se aplican con otros fines. En ese caso están sometidos a la Ley Federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero), que es verificada mediante la ahora temida Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda. Hace 23 años, el ya jubilado cardenal Norberto Rivera intentó poner al presbiterio en cintura, decidiendo fijar en forma unilateral el aporte de cada parroquia. Se dijo que intentaba imponer un "impuesto religioso" y fracasó estrepitosamente. Ahora el también cardenal Carlos Aguiar Retes vuelve a la carga.
Las condiciones son radicalmente distintas, los Gobiernos priistas y panistas cortejaban a la Iglesia católica preocupados por su legitimidad. Actualmente ha quedado al descubierto la debilidad estructural de la milenaria institución cercada por el desprestigio de los abusos de sus sacerdotes. Las limosnas han caído y deben refugiarse en los grandes empresarios, que son los aportantes más fuertes, pero estos de alguna manera condicionan las posiciones anti 4T de los obispos, quienes a su vez como responsables de las diócesis deben transparentarse ante el SAT y la Secretaría de Hacienda. Simultáneamente los sacerdotes están más empoderados, pues ya le "torcieron el brazo" al cardenal Norberto en su momento. En realidad, los sacerdotes diocesanos tienen ya definido un ritmo de vida y consumo que no piensan disminuir, a la vez están acostumbrados a que el SAT no se mete con ellos, manejando a su antojo los ingresos parroquiales, como ya lo describí en un artículo publicado el 14 de junio del año pasado en estas páginas (Donde Lolita no llega: fuero eclesiástico y SAT. http://eluni.mx/cimn6tc). El cardenal Aguiar Retes llama a sus sacerdotes a comprometerse con un aporte solidario, aunque si los involucrados no se "solidarizan", realizará estudios socioeconómicos de las parroquias para fijar la cuota, ya no tan solidaria. Esta confrontación será muy relevante para entender las fuerzas internas de la Iglesia católica en los próximos años y sus relaciones con el Estado.
