Gertz Manero adelantó detalles del paquete de iniciativas que estarán listas el próximo 1 de febrero. (ARCHIVO)
Diferencias entre integrantes del Gabinete federal de seguridad atoraron ayer la presentación de una propuesta de reforma al sistema de procuración de justicia.
La reforma prevé cambios a 14 artículos de la Constitución, entre otros expandir el arraigo a todos los delitos y facultar a la Fiscalía General de la República (FGR) y a las procuradurías locales para solicitar la intervención de comunicaciones en asuntos fiscales y electorales.
Fuentes legislativas señalaron que la propuesta, elaborada por la Dirección General de Análisis Legislativo y Normatividad de la FGR, resta facultades a dependencias federales, como la Secretaría de Seguridad y la Unidad de Inteligencia Financiera, e invade atribuciones de jueces.
El senador morenista Germán Martínez reprobó el hecho de que hasta ahora no se haya consultado a la Suprema Corte ni a jueces federales para la elaboración de la propuesta.
"Esta reforma se hará con los jueces de México y con la opinión del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Zaldívar", adelantó el legislador.
El anuncio de la reforma estaba previsto ayer y aunque acudieron al Senado la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; el Consejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer; y el Fiscal General, Alejandro Gertz, sólo se anunció que la iniciativa se presentará al arrancar el periodo de sesiones el 1 de febrero.
'CONTRA IMPUNIDAD, REFORMAS PENALES'
Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), aseguró que las reformas en materia judicial penal buscarán atender los factores de inseguridad, corrupción e impunidad, así como la prevención del delito.
En la reunión que tuvo este miércoles con autoridades federales y legisladores en el Senado, Gertz Manero adelantó detalles del paquete de iniciativas que estarán listas el próximo 1 de febrero.
Entre las normas a modificar están 14 artículos de la Constitución, al Código Nacional de Procedimientos Penales, Ley de Amparo, Ley Nacional de Ejecución Penal, Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes y reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial y a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República.
También se prevé la emisión de dos nuevos ordenamientos: la Ley Nacional de Cultura y Justicia Cívica y el Código Penal Nacional, que pretenden prevenir el delito y homologarlo en todo el país.
Entre los puntos destacados del paquete, el fiscal Gertz Manero detalló los de cuatro legislaciones, como la Ley de Justicia Cívica, que busca prevenir la violencia y la comisión de delitos con penas de ayuda comunitaria.
Gertz Manero explicó que las sanciones civiles pretenden generar sentido de responsabilidad para con la comunidad y evitar la sobrepoblación en los centros de reinserción social, imponiendo advertencias para prevenir los ilícitos.
Sobre la homologación del Código Nacional Penal, el fiscal aclaró que los estados tendrán la libertad de añadir o eliminar delitos, de acuerdo con la cultura de cada región, pero garantizará un proceso justo a cada imputado y la justicia a la víctima.
Además, criticó de "una ofensa incalificable" que la víctima no pueda presentarse directamente ante un juez y dependa de las acciones del Ministerio Público o de que la policía presente los requisitos necesarios para detener a un sospechoso.
"Que el Ministerio Público sea auxiliar del que lo necesite, que el Ministerio Público actúe como lo manden los jueces, que el Ministerio Público defienda los intereses de la nación, pero que los particulares podamos ir ante los jueces a defendernos, eso es fundamental", señaló.
Gertz Manero también detalló que la Ley Nacional de Ejecución Penal pretende "poner lógica en el sistema de readaptación social" y crear un sistema de "cárceles abiertas", donde los que delincan por primera vez "no se conviertan en alumnos de las escuelas del crimen.
"Cárceles abiertas; bajo control, pero abiertas. Y todos los reincidentes, todos, tienen que ir a la cárcel y las prisiones tienen que ser centros de productividad, centros de industria, centros de capacitación, centros de auto-capacitación para que realmente ahí se preparen", indicó.
Concluyó con la Ley Nacional de Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, que pretende atender los delitos cometidos por éstos, quienes, dijo, tienen conciencia de sus acciones y una responsabilidad para con la comunidad afectada.
"Está creciendo el número de niños y adolescentes dedicados al delito; tenemos que hacer algo para detenerlo. Tiene que haber una visión muy clara para ellos, para sus padres y para el Estado de que aquél que entiende se le sanciona y aquél que tiene la patria potestad o la guardia y custodia tiene responsabilidades, y el Estado tiene que reparar el daño", indicó.
Borrador
Un anteproyecto del nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales establece los alcances de la reforma:
*El arraigo domiciliario sería aplicable a todos los delitos por 40 días; actualmente aplica en delincuencia organizada por 80 días.
*El MP calificaría la legalidad de una detención en flagrancia; ahora solo los jueces pueden resolver ese tema.
*La FGR y las procuradurías locales solicitarían intervención de comunicaciones en casos fiscales y electorales.
*Se permitiría que los jueces valoren pruebas obtenidas de manera ilícita para dictar sentencia, lo que ahora está prohibido.
