La declaración del gobernador Miguel Riquelme, según la cual las autoridades del Estado de Coahuila irán tras Javier Villarreal Hernández, exsecretario de Finanzas durante el sexenio de Humberto Moreira, que se encuentra procesado en los Estados Unidos por el delito de lavado de dinero, constituye un giro en el discurso oficial, en el tema que es objeto de comentario.
El pertinaz ocultamiento de la deuda pública de Coahuila contraída por la administración de Moreira Humberto, su enorme magnitud, inicialmente determinada en treinta y seis mil millones de pesos, y el hecho de que hubiera sido contratada, a partir de la utilización de documentos falsos atribuidos al Congreso local, dieron lugar a un escándalo al estallar su descubrimiento en el año de 2011, y el fenómeno fue visto por la ciudadanía como un crimen de estado, en el que se presume estaría implicado el titular del Poder Ejecutivo de aquel entonces.
La fechas de la disposición de los recursos coinciden con el ascenso de Humberto Moreira a la dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional, y con la promoción de Enrique Peña Nieto como candidato a la presidencia de la república, lo que generó la percepción de que Humberto Moreira compró la dirigencia del PRI, y la campaña de Peña Nieto fue impulsada en parte con dinero producto del latrocinio. A partir de aquel momento la investigación se concentró en Villarreal Hernández, pero es evidente que dicho personaje no pudo haber actuado solo y ello explica que después de sentirse acorralado, después de dos años de estar fugitivo, el 12 de febrero de 2014 se entregó a las autoridades federales norteamericanas, en el Paso, Texas.
Ya preso y sometido a proceso en los Estados Unidos, Javier Villarreal se convirtió en testigo protegido, se reveló su implicación en la apertura de diversas cuentas bancarias a nombre propio y de terceras personas, y le fueron incautadas cantidades de dinero y diversos inmuebles cuya procedencia lícita no pudo justificar. Los jueces del vecino país llegaron a la presunción de que los bienes incautados eran producto de malversación del erario de Coahuila y en consecuencia, dieron parte a las autoridades mexicanas para que si fuera de su interés, reclamaran la propiedad de tales bienes.
El caso es que durante la administración de Rubén Moreira que se encargó de legalizar el gran robo implicado en la deuda pública de Coahuila y durante los dos años que van de la administración de Miguel Riquelme, ambos gobernadores han negado de modo reiterado que los bienes encontrados en poder de Javier Villarreal por las autoridades de los Estados Unidos, tuvieran como origen el patrimonio público de los coahuilenses y como tal hicieron repetidas manifestaciones expresas ante los medios, en el sentido de negarse a promover acción legal alguna, para obtener la recuperación de dichos bienes.
Extraña que a estas alturas, y justo en el transcurso de un proceso electoral para renovar el Congreso Local, Riquelme pretenda dar un golpe de timón y declare que su Gobierno va por Javier Villarreal, asegurando que reclamará la entrega de los bienes encontrados en poder del procesado, e incluso intentará la extradición del reo para que sea trasladado a México.
Hoy día la megadeuda sigue siendo un pesado lastre sobre las espaldas de los coahuilenses. Hemos pagado más de veinte mil millones de pesos sin que el saldo de capital se vea reducido, y se calcula que seguiremos pagando por lo menos, veinticinco años más.
La burla que lo anterior implica para los ciudadanos libres de nuestro estado, y la prolongación de la impunidad y de la farsa por más de ocho años, no merece mayor comentario. Pone de manifiesto con mayor énfasis, la condición del ilícito como crimen de estado y demanda de los coahuilenses por lo menos, nuestro absoluto repudio al PRI de los Moreira y de Riquelme.
