Este año finaliza el primer tercio de la gestión de Andrés Manuel López Obrador y, con él, la posibilidad de concluir el marco jurídico y político que ampare su proyecto de nación, al punto de hacerlo irreversible.
Este 2020 será igual de intenso o más que el año pasado.
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Nada sencillo, el aseguramiento de esos dos pivotes. El quehacer legislativo y político de la bancada y el gobierno de Morena estará sujeto a presiones y el calendario apretará el tiempo.
La exigencia social de contar con resultados positivos, particularmente en la economía, la seguridad y la salud, irá en aumento, mientras que los índices de popularidad y aceptación del mandatario probablemente descenderán. Y, además, múltiples factores incidirán en el margen de maniobra, entre estos: la renovación de la dirección de Morena, los pendientes legislativos, el dominio de la administración, la elección presidencial estadounidense y el arranque del proceso electoral 2021 en México.
El año, vale decir, durará menos de doce meses. A partir del último trimestre, legislar y gobernar se complicará en extremo, sobre todo, por la apertura del proceso electoral mexicano y el cierre del concurso estadounidense. Cuanto haga o deje de hacer Morena -en su vertiente gubernamental, legislativa y partidista-, durante el primer semestre influirá en el derrotero de su proyecto.
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Renovación de la dirección de Morena. Aun cuando López Obrador ha jugado a desentenderse -incluso, retirarse- de Morena si este se descompone o pervierte, suena descabellado. Obviamente requiere del instrumento partidista para impulsar su proyecto y mantener la hegemonía política.
Retrasar la renovación de la dirección hasta el 2021 -justo en el año electoral-, lejos de consolidar al movimiento, lo debilitará y complicará aún más la institucionalización de los procesos internos. Prolongar la crisis en esa formación es peligroso. Pone en riesgo no sólo la conclusión de la plataforma del proyecto de gobierno, sino también la prevalencia de Morena en la Cámara de Diputados y su expansión en la República.
Si, en este primer semestre, el partido-movimiento no arregla sus pleitos y renueva su mando, López Obrador tendrá que intervenir directa o indirectamente a fin de evitar el colapso de la acción gubernamental, electoral, legislativa y política.
La base de Morena bajo el innegable liderazgo de López Obrador se verá obligada a rescatar el sentido del movimiento, equilibrar las posturas radicales y reformistas a su interior y, de ser preciso, sacrificar a algunos cuadros.
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Pendientes legislativos. En los anteriores periodos legislativos -de acuerdo con la estadística senatorial- se reformaron 31 de los 136 artículos de la Constitución, se elaboraron diez nuevas leyes reglamentarias y modificaron 77. La actividad legislativa ha sido intensa y el capítulo siguiente, con fecha de inicio en febrero, no es menor.
Se quieren llevar a cabo tres reformas de enorme importancia -electoral, fiscal y judicial-, además de retomar la regulación de la subcontratación (outsourcing) laboral donde chocan los intereses sindicales y patronales; reducir a la mitad las prerrogativas de los partidos, que provoca erisipela política, así como normar el consumo de mariguana. Sin descartar otras iniciativas, ese sólo paquete legislativo provocará tensión en el ámbito político, partidista, hacendario, judicial, laboral y social.
Si esa agenda no se resuelve en el periodo legislativo de febrero, a partir de septiembre se complicará el cuadro, dado el inicio del proceso electoral 2021.
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Dominio de la administración. Si bien el Ejecutivo deseó feliz año a sus colaboradores hace unos días, les recomendó tomar aire y les anticipó no prever cambios en el gabinete, es claro que, agotada la curva de aprendizaje y en su límite la paciencia social, el mandatario estará orillado a apretar tuercas.
Más allá de la urgencia de arrojar resultados, el presidente López Obrador precisa acreditar dominio de la administración en el día a día. Sin satisfacer ese requisito, difícilmente podrá erigirse en gobierno. La evaluación de los colaboradores demandará mucho mayor rigor.
En particular, por el carácter del año, Gobernación tendrá que aplicarse en serio. No bastará figurar sin ser.
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Elección intermedia. El curso y, quizá, el desenlace de la administración lopezobradorista lo determinará el resultado electoral del año entrante.
En el 2021, se jugará no sólo la Cámara de Diputados, sino también quince gubernaturas, 29 congresos y casi dos mil ayuntamientos, con un ingrediente extra: se estrenará la reelección de diputados. Los jaloneos, al interior de los partidos, estarán a la orden del día. Concluir cuanto antes el marco jurídico y político de la pretendida transformación urge, tanto para evitar su contaminación, como para posicionarse de cara a la contienda.
Conciliar la prisa política con la urgencia electoral demandará enorme talento, entrega y voluntad no sólo del gobierno, sino también de Morena y su bancada legislativa.
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Elección en Estados Unidos. Complicado el cuadro nacional, la elección presidencial en Estados Unidos provocará ruido y turbulencia.
No sólo Donald Trump ha encontrado en México una veta electoral susceptible de explotar, también la han descubierto los demócratas y, entonces, el asunto comercial, migratorio y criminal pintan para convertirse en bandera electoral allá.
Sobra decirlo, si de nuevo México es la piñata a quebrar en la fiesta electoral estadounidense, la situación nacional podría complicarse todavía más.
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Arranca, pues, el año. Un año corto, determinante en el curso y el desenlace de la administración lopezobradorista.
