El nombre de Ana Alicia aparece hasta 2017, año en el que obtuvo un poco más de un millón de pesos por servicios de farmacia. (ARCHIVO)
El 5 de junio de 2009 México entero se cimbró con la noticia del incendio en la Guardería ABC en Hermosillo, Sonora: 49 niños murieron, 24 resultaron con quemaduras y 80 se vieron afectados por la exposición al humo y gases tóxicos. Después de 10 años, sale a la luz que la corrupción de este caso cruzó cualquier límite posible. Tres familiares políticos de Marcela Fimbres Ibarra, exadministradora del Centro de Atención Inmediata para Casos Especiales (CAICE), creado exclusivamente por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para la atención de las víctimas de esta tragedia, cobraron más de 10 millones de pesos como proveedores de servicios en el tiempo en el que Marcela estuvo a cargo de las finanzas de este organismo, de acuerdo con información entregada vía transparencia.
Estos tres personajes no sólo lucraron con la tragedia que enlutó a un país completo, sino también vendieron productos farmacéuticos a un sobreprecio exponencial, lo que hizo que sus ganancias se elevaran todavía más. Una parte de esta pequeña red está conformada por los hermanos Cuauhtémoc y Omar Cuitláhuac Flores Carrillo, esposos de las hermanas de la exadministradora del CAICE.
Ambos aparecen junto a la familia Fimbres Ibarra en la publicación del 15 de agosto de 2017 de la sección de Sociales del periódico Expreso, el segundo de mayor tiraje a nivel estatal en Sonora, durante la celebración de los XV años de la hija de Marcela.
A esta red se sumó el nombre de Ana Alicia Carrillo Navarro, también proveedora del CAICE y madre de ambos hermanos, y quien sólo en un año (2017) cobró un millón 88 mil 211 pesos por productos de farmacia. A pesar de no tener registro anterior como proveedora de servicios en ningún ámbito de gobierno, Ana Alicia también consiguió un contrato por adjudicación directa en 2017 por 173 mil 536 pesos con el IMSS, pero esta vez por otorgar el servicio de capacitación y catering para el personal del CAICE del 16 a 22 de junio de ese año.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ya había detectado un mal funcionamiento de las finanzas del CAICE en la revisión de la Cuenta Pública 2017. Para analizar cómo se gastaba el dinero se seleccionaron siete de los principales proveedores del centro, entre ellos a Ana Alicia y Omar Cuitláhuac. Ahí se documentó el sobrecosto en la compra de 200 productos por los que se gastaron 81 mil pesos.
Entre estos productos estaban: Fotoral, 750 pesos la caja, y en cualquier farmacia está en 220 pesos; Adimod de 400 mg, mil 400 pesos, con precio comercial de 405 pesos, y la pomada Voltaren, que se vendió en 620 pesos cuando cuesta 137 pesos. Todos estos medicamentos se adquirieron al mismo proveedor: Omar Cuitláhuac Flores Carrillo, cuñado de Marcela.
Además, en el documento publicado por la ASF se hace hincapié en la compra que se hizo a Flores Carrillo por la cantidad de 682 mil 700 pesos de productos dermatológicos, principalmente, y que fueron solicitados vía correo electrónico por la entonces administradora del CAICE, Marcela Fimbres, compra que se hizo únicamente para tenerlo como "material para stock".
MÁS DE UNA DÉCADA EN EL IMSS
El 16 de abril de 2009, Marcela Fimbres Ibarra, una pasante en Administración del Instituto Tecnológico de Hermosillo (ITH), llegó a laborar al IMSS. En su primer puesto estuvo a cargo de tareas como atender las solicitudes de los derechohabientes y orientar sobre trámites y servicios. Cinco meses después, en octubre de 2009, fue asignada al CAICE, en donde desempeñó las mismas funciones hasta marzo de 2012, fecha en la que subió al puesto de administradora del centro, según la información de su hoja de vida y que se entregó por transparencia.
Ese año comenzó a hacerse cargo del cálculo y trámite de viáticos; solicitud, reserva y compra de boletos de avión, y trámite de apoyos a favor de usuarios del centro. En todas estas actividades se comprobaron manejos irregulares, tanto por parte de la ASF como por los padres de algunas víctimas del incendio de la guardería.
Un año después de que Marcela obtuvo este puesto también llegaron sus dos cuñados como proveedores. Omar Cuitláhuac Flores Carrillo brindó servicios de farmacia y/o dermatología al CAICE de 2013 a 2017. Los contratos que ganó fueron por 9 millones 676 mil 615 pesos. Él es uno de los 10 proveedores del CAICE que recibieron mayores ganancias. La suma es tan alta que se encuentra sólo 370 mil pesos por debajo de lo que se gastó de 2009 a 2018 en atención médica y que se pagó a nombre de Hospital Cima.
En ese mismo periodo se sumó a la lista su hermano Cuauhtémoc, quien sólo tiene un contrato en 2013 por "insumos". El monto que cobró fue de 131 mil 919 pesos, según el catálogo de proveedores obtenido vía transparencia.
El nombre de Ana Alicia aparece hasta 2017, año en el que obtuvo un poco más de un millón de pesos por servicios de farmacia. De los 15 proveedores que se incorporaron ese mismo año, la madre de Omar y Cuauhtémoc es quien recibió la suma más alta.
De los 253 registros que conforman el catálogo de proveedores del CAICE, todos obtuvieron los contratos mediante adjudicación directa, procedimiento en el que no existe competencia alguna. Además, alrededor de 90% son personas físicas, por lo que su Registro Federal de Contribuyente (RFC) y domicilio fiscal están bloqueados.
SIN COMPROBANTES DE NADA
A mediados de 2017 varias familias de las víctimas del incendio tramitaron una reparación integral del daño ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV). La respuesta de la comisión fueron gráficas en las que mostraban el dinero que el IMSS ya había gastado en atención médica de cada uno de los menores y sus familias. Las cifras eran exorbitantes
"Había hasta 9 millones de pesos en atención médica de 2009 a 2017 en una sola familia (…) pedí el respaldo de esos números y no había nada. No había notas ni facturas. El IMSS no lo quiso dar. Tuvimos que pedir la información vía transparencia y ahí fue cuando nos dieron todo y se destapó la cloaca", dice Miguel Nava Alvarado, representante legal de varias familias.
Se solicitaron entrevistas con la Subdelegación Regional del IMSS en Sonora y con la exfuncionaria Marcela Fimbres para conocer su versión sobre estas irregularidades y hasta la fecha de publicación no se obtuvo respuesta.
Hasta ahora, el resultado de la justicia es incierto para los padres de las víctimas de la Guardería ABC, quienes no sólo buscan una sanción para aquellos funcionarios que se vieron envueltos en el incendio, sino también para los que fueron capaces de lucrar con la salud y la muerte de sus hijos.
