El 6 de diciembre, Petróleos Mexicanos (Pemex) anunció la entrada en operación del campo Quesqui en Tabasco, considerado el mayor hallazgo petrolero en 30 años, con potencial de reserva de 700 millones de barriles de hidrocarburos y proyección de generar 110 mil barriles diarios de aceite así como 400 millones de pies cúbicos de gas en 2021. De manera simultánea, 32 organizaciones de la sociedad civil mexicana, expertos en cambio climático y defensorías de derechos humanos, pidieron a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 2019 (COP25) -que culmina sin grandes avances en Madrid-, impulsar medidas para dejar sin extraer la mayor parte de las reservas de combustibles fósiles existentes.
Un día antes, la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) aprobó a Pemex un plan de inversión de 87 millones de dólares para actividades de exploración en la asignación AE-0122-Tampico Misantla con fracking. Una semana atrás, la misma avaló el Plan de Exploración del Contrato Miquetla-2018 también con fractura hidráulica entre Puebla y Veracruz.
El 10 de diciembre, Pemex aseveró que cerrará 2019 con extracción de un millón 770 mil barriles diarios y estima incrementar las reservas probadas para ubicarlas en 7 mil 500 millones de barriles. Por su parte, la Secretaría de Energía reportó avances de 60 % en la rehabilitación de las seis refinerías; el programa concluiría en 2020.
En sentido contrario, la petición civil en la COP25 argumentó, primero, que para alcanzar el objetivo de limitar el aumento de la temperatura global a 1.5 grados centígrados como lo sugiere el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, se deben dejar en el subsuelo 84 % de las reservas globales de carbón, petróleo y gas.
Esto implica la urgente necesidad de prohibir legalmente de manera inmediata la explotación de hidrocarburos no convencionales a través de fracking y otras técnicas. Asimismo, requiere dar un giro en el modelo de desarrollo basado en combustibles fósiles y avanzar en alternativas garantes del medio ambiente, los derechos y las formas de vida de las comunidades.
En segundo lugar, solicitan la eliminación de los mercados de carbono del libro de reglas del Acuerdo de París. Esto porque los mercados de emisiones de carbono no han demostrado ser mecanismos eficaces para reducir emisiones y en el pasado han violentado derechos humanos, generando conflictos, abusos empresariales, relocalización forzada y amenazas de genocidio cultural.
Los estados como el mexicano -dijeron- deben hacerse responsables e implementar medidas para la reducción de emisiones respetando los derechos humanos y que sean justas y equitativas.
Tercero, respecto a pérdidas y daños, "México debe proponer un esquema de financiamiento que permita la inversión en aquellas zonas afectadas por la crisis climática que ponen en riesgo su desarrollo social y económico, y que opere como un fondo de inyección para reactivar actividades priorizando a comunidades vulnerables. De ninguna manera debe usarse como un mecanismo para que países petroleros reclamen compensaciones."
Cuarto, "se debe fortalecer la conversación sobre el sistema de cálculo de la meta de financiamiento que se tendrá que establecer en 2025 en el marco del Acuerdo de París. Y se debe establecer el plan de asignación y transferencia del compromiso adquirido en COP16 sobre provisión de 100 mil millones de dólares al año a partir de 2020 por países desarrollados."
Quinto, acerca de Contribuciones Nacionalmente Determinadas, "se debe impulsar que las metas de las contribuciones respondan a la información científica disponible, especialmente del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático. Y México debe enfatizar que "la ciencia no es negociable" y basar sus medidas en ella. Así como comprometerse a la neutralidad de carbono para 2050."
Sexto, "México debe asegurar que el sistema de medición, reporte y verificación bajo el marco de transparencia incluya métodos comparables con los países miembros de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, aprendiendo de esquemas existentes pero independientes y bajo completa observancia de la Convención."
No obstante, el Gobierno de México busca que la producción de crudo vuelva a ser palanca de desarrollo hacia la segunda mitad del sexenio y fuente de financiamiento de los programas sociales.
Así, justicia climática y 4T van en sentidos contrarios.
@kardenche
