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Nacional

Juez acusado sigue en funciones

Su nombre está inscrito en un proceso vigente por atropellar y matar a un motociclista en 2017

AGENCIAS
CIUDAD DE MÉXICO, domingo 08 de diciembre 2019, actualizada 8:35 am

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Daniel Adán Rodríguez Apac, juez de Control del estado, arrastra un historial que lo podría colocar como el juzgador "incómodo" del Tribunal Superior de Justicia, pero sucede lo contrario y sigue activo.

Su nombre está inscrito en un proceso vigente por atropellar y matar a un motociclista en 2017, también en un expediente donde reclasificó el delito de homicidio calificado por el de encubrimiento en un juicio que se abrió por el asesinato de cuatro estudiantes universitarios y de colofón, comuneros de Tepoztlán lo acusan de tráfico de influencias en un caso de despojo agravado.

En octubre de 2018 el juez fue acusado por habitantes del municipio de Tepoztlán de incurrir en tráfico de influencias en un caso de despojo agravado, en el cual los denunciados afirmaron que detrás de la imputación en su contra había una confabulación entre el juez y funcionarios de la Fiscalía General del Estado.

El nombre del juez Rodríguez Apac y su posible actuación irregular resurgió en abril pasado luego que la Fiscalía Anticorrupción acusó anomalías en el proceso judicial que lleva contra el exsecretario de Desarrollo Agropecuario de Morelos, Roberto Ruiz Silva, y dos de sus colaboradores, por el delito de peculado y el detrimento al erario por cerca de 1.8 millones de pesos.

Para considerar la versión del juez en este caso y los otros asuntos donde le atribuyen anomalías, se solicitó entrevista al TSJ de Morelos y en respuesta aludieron el artículo 37 del Código Nacional de Procedimientos Penales para argumentar que los jueces y magistrados están impedidos de entrevistas, y de "haber dado consejos o manifestado extrajudicialmente su opinión sobre el procedimiento, o haber hecho promesas que impliquen parcialidad a favor o en contra de alguna de las partes".

No obstante, ese mismo día el TSJ emitió un comunicado para defender al juez y afirmar que la fiscalía no aportó los elementos de prueba para acreditar las conductas delictivas de los exfucionarios.

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