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EDITORIAL

Sociedad civil: México ante la COP25

Yo río libre

JULIO CÉSAR RAMÍREZ
sábado 07 de diciembre 2019, actualizada 8:06 am


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El mundo padece una emergencia climática, a la que muchos países responden con compromisos para alcanzar la neutralidad de carbono en 2050. Sin embargo, México -que forma parte de los 20 mayores emisores de gases de efecto invernadero, contribuyendo con 1.6 % de las emisiones globales-, ha establecido una política energética basada en combustibles fósiles que a todas luces va en contra de las metas establecidas en el Acuerdo de París y en las Contribuciones Nacionalmente Determinadas de nuestro país incluidas en la Ley General de Cambio Climático.

Ante este panorama, 32 organizaciones de la sociedad civil mexicana, expertos en cambio climático y defensorías de derechos humanos, hacen del conocimiento de la comunidad internacional y de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 2019 (COP25), que se reúne del 2 al 13 de diciembre en Madrid, lo que consideran es la realidad de México.

En primer lugar, en 2019 el presupuesto dirigido a explotación de gas y petróleo -principal causante del cambio climático-, corresponde al 10.5 % del presupuesto total de la Federación, mientras que los recursos para cambio climático únicamente 0.7 %.

En 2020 la situación será peor, con 11.2 % del presupuesto total dedicado a hidrocarburos.

Segundo, la Secretaría de Energía (Sener), que coordina la política energética del país, dedica en 2019 el 92.3 % de su presupuesto a acciones relacionadas con gas y petróleo, y sólo 7.7 % para otro tipo de energías, mientras que su presupuesto para atender el cambio climático apenas representa 3 %. En 2020, los recursos para gas y petróleo alcanzarían 95.7 % del presupuesto total de Sener y sólo 1.3 % para acciones relacionadas con el cambio climático.

Tercero, la Sener buscó cambiar las reglas para conceder certificados de energía limpia a plantas eléctricas antiguas, devaluando el valor real de certificados e inutilizando su función como mecanismo para promover la energía renovable y acelerar la transición energética.

Cuarto, preocupa que, pese a que el presidente López Obrador señaló como punto 75 de su Plan de Gobierno que "no se usarán métodos de extracción de materias primas que afecten la naturaleza y agoten las vertientes de agua, como fracking", tanto el presupuesto del 2019 como el aprobado para 2020 incluyen recursos para explotación de gas y petróleo que requieren el uso de esta técnica dañina. En 2019 se asignó 6 mil 005 millones 260 mil 392 pesos -307 millones de dólares- para los proyectos de Pemex Exploración y Producción "Aceite Terciario del Golfo" y "Aceite y Gas en Lutitas". Al tercer trimestre de 2019 ha sido gastado el 74 %, lo que significa que durante esta administración ya se han ejercido recursos para fracking.

Quinto, para 2020 a estos proyectos de fracking se les asignó 10 mil 837 millones 382 mil 324 pesos -554 millones de dólares-, lo que significa que se pretende seguir con el fracking y se le asigna más presupuesto que antes.

Sexto, se incumple la Ley General de Cambio Climático, ya que la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático debe sesionar dos veces al año y sólo hasta noviembre realizó su primera reunión, sin participación del Presidente López Obrador, quien debe presidirla de acuerdo a la ley.

Estos hechos muestran, desde su punto de vista, que México, lejos de acercarse al cumplimiento de las metas de cambio climático, camina en dirección contraria, lo que desconoce las obligaciones constitucionales que tienen las autoridades de respetar, proteger, promover y garantizar los derechos humanos de la población, incluidos los del medio ambiente sano y a la salud, así como de prevenir sus violaciones.

En su pronunciamiento, firmado además por la Alianza Mexicana contra el Fracking, Greenpeace, Extinction Rebellion México, Fundar, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Tlachinollan y Servicio y Asesoría para la Paz, proponen que el gobierno mexicano tome medidas adecuadas, deliberadas y orientadas al manejo forestal sustentable por las comunidades y a evitar acciones que contaminen aire, suelo, agua, ecosistemas, biodiversidad y que causan afectaciones a la salud y a las condiciones de vida de la población.

Al no hacerlo, el futuro de generaciones presentes y venideras está condenado por las decisiones centradas en combustibles fósiles que el Gobierno está tomando en materia energética.

La exigencia es, justicia climática ya.

@kardenche

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