Entre las normativas que se reforman están la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos y la Ley General en Materia de Delitos Electorales. (ARCHIVO)
La Cámara de Diputados aprobó este jueves por unanimidad siete reformas para reconocer como delito la violencia política de género y castigarla con entre seis meses y dos años de cárcel.
La iniciativa, que ahora se remitirá al Senado, considera como violencia política en razón de género "toda acción u omisión" basada en elementos de género que limite o anule los derechos políticos y electorales de las mujeres, el ejercicio de su cargo público o la toma de decisiones libres.
Esto incluye ridiculización, bromas hirientes, restricción del uso de la palabra, agresiones verbales, hostigamiento, ataques físicos y psicológicos, acoso sexual, amenazas o presiones que resulten en la renuncia de una candidatura o un cargo, o en discriminación.
"De facto, las mujeres políticas y con quehaceres de orden público han y hemos vivido violencias y discriminación, y hemos sido medidas con un doble rasero que no se aplica para los hombres", expresó ante el pleno la diputada Wendy Briceño, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género.
Entre las normativas que se reforman están la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos y la Ley General en Materia de Delitos Electorales.
Además de la prisión, los cambios legislativos establecen sanciones administrativas contra los partidos políticos, como la pérdida de registro de candidaturas.
Las reformas también amplían el principio de paridad de género para hacerla obligatoria en los órganos de dirección del Instituto Nacional Electoral (INE), así como en comisiones estatales electorales, tribunales electorales y regidurías y sindicaturas municipales.
"La justicia que queremos y merecemos no es obtener el cargo público sin competir, es competir sin temor, sin ninguna forma de violencia. Es quitar el techo de cristal y el piso pegajoso como mecanismos de sujeción. Vamos a romper las cadenas y limitantes impuestas por las prácticas políticas machistas", dijo Briceño.
Los cambios implican, además, la creación de una base estadística nacional de violencia política de género y comisiones especiales sobre el tema dentro de la Fiscalía General de la República.
Mujeres de todos los partidos se unieron para impulsar la iniciativa.
México es el cuarto país del mundo con el Congreso más paritario, solo detrás de Ruanda, Cuba y Bolivia, según la organización internacional Unión Inter-Parlamentaria (IPU, por sus siglas en inglés).
Las mujeres representan el 48.2 % de los escaños de la Cámara de Diputados y el 49.2 % del Senado, indica el organismo.
El Senado mexicano aprobó en mayo pasado una reforma constitucional que extiende la paridad de género a los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) para que las mujeres ocupen los mismos cargos que los hombres en los niveles nacional y local.
