A estas alturas de la polarización ideológica y política en México y en múltiples naciones, se impone la pregunta acerca de la posibilidad del diálogo político como única alternativa hacia la construcción de futuros comunes factibles. El diálogo político, es decir, aquel que favorece la definición programas y acciones que posibiliten acceso a oportunidades y a un futuro compartido con mayor justicia y vigencia de libertades, es urgente, es evidente su necesidad, pero también clara su dificultad.
Da la impresión que, en la discusión pública actual, cada vez resulta más difícil encontrar diálogos. Lo común es leer y escuchar descalificaciones. Lamentable también que sea la descalificación de las personas la prueba más socorrida, la única que siempre aparece al principio, en medio, o al final de las disputas colectivas principalmente en las redes sociales.
Esta situación vuelve pertinente la pregunta de si el diálogo es posible. En las condiciones que se enfrentan las posiciones personales y de grupo en la actualidad, no luce sencillo suponer que el diálogo es posible, dado que para este se requiere disposición y capacidad. Hoy se sale a la cancha del debate público a arrasar con la otra parte, no a escucharla y mucho menos a buscar convergencias o construcciones compartidas de nuevos discursos. Hoy se trata de aplastar con el mazo de la mayoría efímera que miden las redes sociales. O desde suposiciones de una moralidad superior otorgada para sí mismos por quienes desde allí pontifican, descalifican y ofenden, pero no necesariamente argumentan con lógica y razonabilidad.
Si nos detenemos a pensar un poco, pero sobre todo más allá de las propias posiciones políticas, encontraremos que las amenazas más decisivas a la ampliación de esferas de bienestar de las personas y colectividades son comunes. Si la amenaza es común, del mismo modo tendría que ser el planteamiento para enfrentarla. Por ejemplo, la violencia recrudecida en el territorio nacional en general, pero en particular en zonas específicas, encuentra parte de su no solución en la indisposición al diálogo político. Y no me refiero a no estar disponible para hablar, sino a no ser capaces de construir narrativas y acuerdos comunes ante la amenaza compartida.
Considero que el diálogo político es una capacidad institucional de una sociedad. Es decir, la fragilidad e ineficacia de un diálogo de esta naturaleza guarda relación directa con la solidez institucional en la que se plantea y desarrolla el diálogo.
Es claro que la diversidad ideológica respecto a los asuntos comunes es un ingrediente propio de las sociedades democráticas que privilegian las libertades. Y ello agrega dificultad al proceso, pero también solidez y legitimidad al acuerdo. En un marco institucional fuerte es posible encauzar el diálogo político, es decir, el diálogo encaminado a generar acuerdos de cómo enfrentar amenazas que se comparten en la polis, en la comunidad. En contrapartida, socavar la institucionalidad para el diálogo político es fracturar la posibilidad del acuerdo y abrir la puerta a situaciones de no-diálogo, así como a la permanente confrontación de personas y grupos, que no de argumentos y razones.
Tal parece que la posibilidad del diálogo político necesario implica la legitimidad de las instituciones de una sociedad. Deslegitimarlas, ya sea por su corrupción, imposición, debilidad vinculatoria, o cualquier vía que las vuelva ineficaces es dificultar radicalmente el consenso para enfrentar las amenazas comunes.
Si lanzamos una mirada a los países con mejores condiciones de bienestar, encontraremos como denominador común la vigencia de instituciones legítimas, eficaces y protegidas de la tentativa de apropiación grupal o facciosa. Y no es que haya ausencia de conflictos, por el contrario, los hay, pero el andamiaje institucional facilita los ajustes que las sociedades reclaman sin echar por la borda lo que bien se ha construido.
