Cuatro órganos autónomos han promovido doce controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia, nueve de ellas en lo que va de 2019, para impugnar órdenes de entrega de información del INAI. (ESPECIAL)
Las fricciones entre el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI) y otros órganos con autonomía constitucional, que se niegan a cumplir sus órdenes, son cada vez más frecuentes.
Cuatro órganos autónomos han promovido doce controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia, nueve de ellas en lo que va de 2019, para impugnar órdenes de entrega de información del INAI, que por ahora están suspendidas.
Se trata de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), los institutos Federal de Telecomunicaciones (IFT) y de Estadística y Geografía (Inegi), y la Fiscalía General de la República (FGR).
La propia Corte fue la que abrió esta puerta en julio de 2018, cuando por siete votos contra tres afirmó que las controversias contra el INAI sí son posibles, pese a que la Constitución prohíbe desde 2016 a las autoridades cualquier tipo de litigio contra las órdenes de acceso a la información, salvo al Presidente de la República en asuntos de seguridad nacional.
Para ir contra el INAI, los otros órganos sólo tienen que alegar que la orden de entregar información invade su ámbito de facultades.
"Cualquiera que venga va a decir que el INAI se está excediendo en sus facultades y que está entrando en su ámbito competencial", advirtió en 2018 el ministro Arturo Zaldívar.
En octubre y noviembre pasados, la FGR y la Cofece presentaron sus primeras controversias contra el INAI.
El Fiscal Alejandro Gertz pidió anular una orden para publicar los nombres de los agentes del Ministerio Público Federal adscritos a tres subprocuradurías, del personal sustantivo y operativo que laboran para múltiples áreas de la FGR, y de todo el personal administrativo, manteniendo bajo reserva solo nombres de los agentes de la Policía Federal Ministerial, peritos, y personal especializado en delincuencia organizada.
Por su parte, la Cofece impugnó una orden para entregar versiones públicas de correos electrónicos intercambiados entre sus funcionarios, durante una investigación contra Aeroméxico por prácticas monopólicas, que inició en 2015.
