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Jaime Bonilla

Urgen a Corte a anular la 'Ley Bonilla' en Baja California

Extiende el periodo de dos a cinco años para el actual gobernador

En conferencia de prensa a las afueras de la SCJN, la activista señaló que el documento, firmado por 137 ciudadanos, se basa en la figura jurídica “Amicus Curiae” (amigos de la Corte), con la que respaldan la acción de inconstitucionalidad promovida el 30 de octubre por la CNDH. (ARCHIVO)

En conferencia de prensa a las afueras de la SCJN, la activista señaló que el documento, firmado por 137 ciudadanos, se basa en la figura jurídica “Amicus Curiae” (amigos de la Corte), con la que respaldan la acción de inconstitucionalidad promovida el 30 de octubre por la CNDH. (ARCHIVO)

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La presidenta de la organización civil Causa en Común, María Elena Morera interpuso un recurso legal ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para que resuelva la acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en contra de la llamada Ley Bonilla, que busca extender el mandato del gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, de dos a cinco años.

En conferencia de prensa a las afueras de la SCJN, la activista señaló que el documento, firmado por 137 ciudadanos, se basa en la figura jurídica “Amicus Curiae” (amigos de la Corte), con la que respaldan la acción de inconstitucionalidad promovida el 30 de octubre por la CNDH.

La activista señaló que el recurso debe ser considerado por los ministros al emitir su fallo, pues la extensión del mandato del actual ejecutivo estatal, afecta no sólo a la entidad, sino a todo el federalismo mexicano.

Por lo anterior subrayó que la Ley Bonilla es ilegal, lamentó que siga vigente y urgió a la Suprema Corte a que la anule.

Elena Morera indicó que con su escrito apoyan el recurso de la CNDH, porque la mencionada ley vulnera los valores democráticos, como el respeto del voto, ya que el Congreso estatal suplanta la voluntad de los electores, al elegir de facto a un gobernador por tres años más, sin mediar elecciones.

Además, con ella se vulnera la idea de la soberanía popular y contraviene normas constitucionales, pues no fue promulgada, y se publicó 90 días antes del proceso electoral, pese a que incidía en la periodicidad del cargo electo.

La activista instó a la Corte a resolver la acción, pues a 26 días del inicio del cargo de Jaime Bonilla, los ciudadanos aún reclaman la forma inconstitucional en la que éste amplió su mandato.

Finalizó al decir que la intención es mandar el mensaje de que cualquier intento por debilitar a las autoridades o las instituciones, será cuestionado por una sociedad civil atenta e informada.

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