La designación de Rosario Piedra Ibarra como presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ha generado una gran cantidad de reacciones adversas, tanto por los vicios que se atribuyen al proceso llevado para tal efecto al interior del Senado de la República, como en virtud de la vinculación orgánica de la nueva funcionaria con el Partido Morena, que descalifica la legitimidad de su designación.
No es el caso de reproducir los numerosos comentarios que se han vertido en contra del nombramiento de la Señora Piedra, sino más bien ir al fondo de las cosas, y encontrar alternativas que permitan rescatar la lucha en pro de los Derechos Humanos desde el ámbito de la sociedad civil, sacando de las manos de la burocracia y la oficialidad estatal, dicha importante tarea.
Por Derechos Humanos se entiende el conjunto de derechos fundamentales de la persona humana que existen incluso antes que el estado y el resto de las organizaciones políticas formales, entre los cuales se encuentran el derecho a la vida, los derechos de libertad en sus diversas formas a saber: libertad de domicilio y de tránsito, libertad de reunión y asociación, libertad de ocupación y trabajo, libertad de educación, así como los derechos de legalidad y de seguridad jurídica es decir, los derechos de igualdad de todos los hombres ante la Ley.
La historia de los derechos humanos inicia desde los albores de la humanidad; se basa en el principio de que todos los hombres son iguales e imagen y semejanza de Dios, preconizado por el Cristianismo. Pasa por el Fuero Juzgo o Código de los Visigodos en la España del Siglo Octavo y por la Carta Magna del Rey Juan Sin Tierra en la Inglaterra del Siglo Trece, hasta la Declaración Universal de los Derechos Humanos proclamada por la Organización de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, lo que indica que la lucha en pro de los Derechos Humanos, se caracteriza por la tensión histórica entre la sociedad civil y el poder político.
En México la creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ocurre como resultado de un proceso de captación y control de la lucha de la sociedad civil frente a los actos recurrentes de represión, durante los regímenes posteriores a la Revolución. La burocratización de la función encuentra un parteaguas en tiempos de Carlos Salinas de Gortari, con la instalación de la referida Comisión el 6 de junio de 1990, bajo la presidencia de Jorge Carpizo McGregor.
Como se observa, la fundación de la CNDH ocurre como un movimiento de reacción del Estado frente a la Sociedad Civil, que para aquel entonces ya había producido frutos importantes en materia de protección de los Derechos Humanos, por medio de organizaciones no gubernamentales, anteriores a la existencia de la CNDH. Tal es el caso del Centro Agustín Pro, el Centro Fray Bartolomé de las Casas, etcétera, en las que participan hasta la fecha académicos, periodistas, líderes eclesiásticos y activistas en general.
El gobierno de López Obrador sucumbió a la tentación de disponer de la CNDH como si de cualquiera otro organismo burocrático se tratara, como lo hicieron gobiernos anteriores, y como lo hacen en el ámbito de su propio territorio, los gobernadores de los estados, salvo alguna honrosa excepción.
La mediocridad histórica del trabajo de la CNDH y las correspondientes en los Estados de la República, debe ser superada con un esfuerzo de denuncia y gestión en paralelo, por parte de los ciudadanos de carne y hueso, desde la universidad, el púlpito, los medios de comunicación y desde luego, las redes sociales.
La lucha por el respeto a la dignidad de la persona humana y los derechos que son esenciales a la condición de hombre y mujer, debe desarrollarse desde el seno de la sociedad civil, a partir de las organizaciones no gubernamentales existentes, y otras que sean creadas para mantener vivo y vigente el propósito indicado.
