Recientemente muchos mexicanos firmamos peticiones y denuncias ante el rumor que circuló en medios de comunicación y redes sociales de la posibilidad de que el Gobierno federal de la 4T desapareciera la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO). Tal rumor generó una seria preocupación entre quienes nos hemos involucrado en la protección y conservación del capital natural de nuestro país.
La CONABIO fue creada en 1992 y después de un cuarto de siglo ha dado resultados más que aceptables con base al objeto por el cual se fundó, junto con el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONAM), ha sido una de las instituciones de importancia no solo nacional sino internacional, de la política ambiental federal, creación derivada de la suscripción del Convenio sobre Diversidad Biológica por el gobierno mexicano a partir de la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro en 1992.
La CONABIO ha provisto de información clave para la toma de decisiones que define la política ambiental federal, a la vez de que ha sido clave en la también definición de las políticas ambientales de las entidades federativas, cuyos esfuerzos nos legan un rico acervo sobre el estado en que se encuentra la riqueza biológica existente en el territorio nacional. Su papel e importancia son indiscutibles y de ello referimos más aciertos y logros que errores o fracasos.
La preocupación sobre el futuro de la CONABIO surge desde fines del año pasado cuando se contemplaba fuera absorbida por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y posteriormente con la publicación de la Ley de Austeridad Republicana que prohibía a entidades públicas como esta Comisión operar con la figura jurídica de Fideicomiso. Tal disposición jurídica solo hace permisible esa figura en ámbitos como la salud, educación, procuración de justicia, seguridad social y seguridad pública, haciendo parecer el área ambiental como no prioritaria dentro de la política pública de la 4T.
La CONABIO opera a través de un Fideicomiso, el Fondo para la Biodiversidad, de carácter público-privado, que recibe aportaciones financieras no solo del gobierno federal, sino de organismos internacionales (Agencia de Cooperación Internacional de Japón, Global Environmental Facility y Banco Mundial), corporativos empresariales nacionales (Fundación Carlos Slim y Televisa) y la UNAM, mismos que destina para sostener el Sistema Nacional de Información sobre Biodiversidad (SNIB).
Si bien los mexicanos vemos de manera aceptable el combate a la corrupción que realiza el gobierno federal de la 4T, y entendemos que durante los gobiernos anteriores se crearon figuras jurídicas para operar fondos públicos y privados que se convertían en escaparates para desviarlos a fines privados como actos de corrupción, de ahí que con dicha Ley se pretenda ejercer un mayor control del erario público, no todos los casos se pueden medir con el mismo rasero.
Si partimos de que la política ambiental históricamente ha sido un patito feo en la asignación de presupuestos públicos, de la cual no se escapa la diseñada por el actual gobierno federal, quienes nos involucramos en tareas académicas de investigación o gestión orientadas a proteger y conservar la biodiversidad, hemos realizado esfuerzos por buscar otras alternativas de financiamiento para cumplir tales propósitos. No es, por tanto, pecado público hacerlo, el fin justifica los medios, sin que por ello se evada la supervisión de esos fondos.
En este caso, el problema que se observa es el riesgo de que se desarticule una estructura institucional que ha cumplido más que cabalmente su objeto. Desconocemos si los ajustes que se están promoviendo a partir de los cambios legislativos y de política pública estén considerando sostener la CONABIO y, en vez de minar el esfuerzo ahí invertido, se realice una reingeniería institucional que lo fortalezca, puesto que no hacerlo sería un error grave del actual gobierno federal.
Es importante no aceptar como regla la creencia de que todo acto que forme parte de la agenda pública del país solo corresponde desempeñarlo a las entidades gubernamentales, incluyendo el ejercicio de fondos públicos. Esta es una parte que aún no queda clara en la definición de la relación entre el Estado mexicano con la sociedad en este ejercicio de cambio en el régimen político.
Si bien partimos de que durante el neoliberalismo ocurre la captura de una gran parte de las instituciones oficiales y la propia política pública por parte de poderes fácticos como el narco, el gran capital y otros intereses que han desvirtuado la función propia del Estado, no todos los actores que inciden en la toma de decisiones sobre la agenda pública responden a intereses privados perversos, ya que la apertura que ocurre durante el largo proceso de democratización del país también ha involucrado la participación de ciudadanos comunes, académicos, empresarios y demás que se opusieron a esa captura.
Por ello aprovechamos estos espacios que nos facilitan los medios de comunicación para continuar expresándonos con libertad desde una perspectiva crítica y propositiva, la cual creemos se debe mantener como parte del proceso de ciudadanización de la política en nuestro país.
