El 18 de octubre, la Cámara de Diputados aprobó un artículo que le permite al Congreso de la Unión formular leyes para regularizar. (ARCHIVO)
La propuesta emitida por la Cámara de Diputados de legalizar los autos chocolate es un atentado al Estado de derecho, dijo Guillermo Prieto Treviño, presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA).
En conferencia conjunta entre la AMDA, la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), la Industria Nacional de Autopartes, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Confederación de Cámaras Industriales en la República Mexicana (Concamin) rechazaron la inclusión, por segunda ocasión, de un artículo transitorio en la Ley de Ingresos 2020 que contempla la legalización de los llamados autos chocolate.
"Es legalizar lo ilegal, pero además de manera retroactiva, lo cual infringe cualquier marco jurídico aplicado en este esquema", dijo Prieto Treviño.
El 18 de octubre, la Cámara de Diputados aprobó un artículo transitorio, el Décimo Quinto, que le permite al Congreso de la Unión formular leyes para regularizar los autos chocolate una vez aprobada la Ley de Ingresos.
El Senado desechó esta propuesta, pero el pasado miércoles la Cámara de Diputados volvió a incorporar ese transitorio en la Ley de Ingresos 2020.
El presidente de AMDA considera que las declaraciones del diputado Mario Delgado, líder de la bancada de Morena, sobre la cantidad de vehículos chocolate que circulan en el país refleja un desconocimiento del mercado.
Delgado habla de 18 millones de vehículos chocolate en el país, pero considerando que el parque vehicular, de acuerdo con cifras del Inegi en 2018, es de 32 millones de automóviles, es imposible pensar que más de la mitad de los autos en el país son ilegales, expuso Prieto.
"Que se mantuviera este artículo transitorio refleja además de ignorancia en las leyes aduaneras, leyes de comercio exterior, obedece a argumentos populistas que van contra la legalidad", subrayó Prieto.
AMDA también negó que estos vehículos sean introducidos al país por migrantes o que los campesinos y personas de bajos recursos sean los que más los usan.
El presidente del CCE, Carlos Salazar Lomelín, dijo que una vez más en la Cámara de Diputados se avala una decisión que fomenta la ilegalidad.
