Visto a través de una barricada callejera en llamas, un manifestante antigubernamental ondea una bandera chilena el 28 de octubre.(AP)
El gobierno de Chile confirmó ayer que la capital Santiago será sede de la final de la Copa Libertadores, a pesar de las masivas protestas por mejoras sociales que vive a diario el país sudamericano.
El partido entre River Plate de Argentina y Flamengo de Brasil está programado para el 23 de noviembre en el estadio Nacional.
La ministra de Deportes, Cecilia Pérez, informó que el gobierno del presidente Sebastián Piñera ratifica "su firme voluntad y compromiso de realizar la final de la Copa Libertadores en el país".
El anuncio de Pérez fue hecho horas después que el gobierno canceló dos cumbres internacionales que se iban a celebrar en noviembre y diciembre.
Pérez añadió que se realizan las coordinaciones en materia de seguridad para llevar a cabo el partido.
Se trata de la primera vez que el máximo torneo de clubes de Sudamérica se define a un solo partido en una sede prestablecida, archivando el tradicional formato de series a ida y vuelta. El objetivo de la Conmebol es seguir el ejemplo de la Liga de Campeones de Europa.
Pero la gravedad de la crisis en Chile despertó conjeturas sobre cambiar una sede que fue asignada hace más de un año.
Temprano ayer, el gobierno chileno anunció la cancelación de las cumbres del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico y del cambio climático.
En su cuenta de Twitter, la Conmebol expresó su agradecimiento al gobierno de Chile por el "compromiso mostrado" para garantizar las condiciones de seguridad para la final.
Chile vive una fuerte efervescencia social desde hace varios días, tras revueltas que destruyeron el subterráneo de la ciudad y grandes comercios, que derivaron en multitudinarias manifestaciones - que el 25 de octubre congregaron a 1,2 millones de personas - en demanda de mejoras en pensiones, salarios, bajas en los medicamentos, tarifas de servicios, peajes, y mejoras estructurales en los sistemas privados y públicos de educación y salud. También se exige una nueva Constitución.
