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EDITORIAL

Culiacán y la seguridad nacional

DANIEL CABEZA DE VACA
jueves 31 de octubre 2019, actualizada 7:33 am


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El pasado 17 de octubre, en una operación conjunta entre elementos de la Sedena y la Guardia Nacional se detuvo a Ovidio Guzmán, contra quien existe una orden de detención con fines de extradición por parte del gobierno norteamericano. Las acciones realizadas por los Guzmán y su grupo aquella jornada configuran las conductas delictivas de conspiración, terrorismo, sabotaje, ataques a las vías de comunicación, daño a los bienes públicos, evasión de presos, etc.

El comportamiento de estos grupos criminales ha rebasado los límites de lo que entendemos por seguridad pública, porque se comportan como un grupo terrorista que se opone al Estado imponiendo sus condiciones a cambio de no dañar a la sociedad civil y a las mismas fuerzas armadas, lo que trastoca el orden público y la paz social. Es así como esos hechos atentan a la seguridad nacional y se traducen en una amenaza real para el Estado mexicano y la sociedad civil, en términos de nuestra propia Ley de Seguridad Nacional (LSN). El terror y la violencia que vivieron los habitantes de la capital de Sinaloa tuvo como propósito, impedir que las autoridades detuvieran a un miembro de la delincuencia organizada (DO), se trata de una amenaza para la seguridad nacional y las Fuerzas Armadas son la autoridad facultada por la LSN para restablecer el orden público.

Es así porque no se trata de persecuciones e investigaciones comunes, es necesario entender que la delincuencia organizada transnacional actúa en un ámbito criminal distinto al de los delincuentes del orden común. De hecho, la DO, cuenta con gran poder económico y social porque, en la mayoría de los casos, someten a las autoridades locales y a la población con dinero o mediante prácticas mafiosas, además cuentan con armamento de gran poder letal, muy similar al de las fuerzas armadas, si no es que igual, empleando ahora tácticas terroristas para conseguir sus fines, lo que hace necesaria la intervención de estas últimas en el combate al crimen organizado ya que, las fuerzas del orden local, carecen del armamento y entrenamiento adecuados para enfrentar el poder de ataque de esa clase de criminales, lo que es evidente porque fueron capaces de desafiar e inhibir a las fuerzas armadas con procedimientos de terror.

¿Qué hacer? Es necesario reconocer y apoyar la labor de nuestro ejército y marina en la lucha que enfrentan con la DO porque, como ya lo vimos, además de su vida, también están en riesgo las vidas de sus familiares. Es imprescindible que reconozcamos a la DO como una amenaza a la seguridad nacional y que así, las instituciones correspondientes la enfrenten y la sometan, ya no es un tema de seguridad pública. Es necesario aprovechar la experiencia acumulada en los operativos que entrañan un riesgo para el orden público y la paz social. Aprendamos de la experiencia internacional en tanto que es común la intervención de las fuerzas armadas de otros países en el combate a la DO, sin que esto signifique el inicio de una guerra, sino que, más bien se mejoran las posibilidades de éxito en la erradicación del flagelo de la DO. Esa lucha implica una limitación al ejercicio de los derechos fundamentales debido a la amenaza a la seguridad nacional y se traduce en una participación diferente de las fuerzas armadas, con reglas, controles y limitaciones especiales, como ocurre en Europa. Todo esto en un marco de respeto a los derechos humanos de las personas. Tiene razón el presidente cuando afirma que la guerra terminó, y por eso es necesario someter a esos grupos delincuenciales.

Los hechos de Culiacán probaron que la Guardia Nacional aún no puede sustituir la intervención de las Fuerzas Armadas en la contención del crimen organizado. Los grupos que se han opuesto a que se legisle la intervención de los militares en el problema, y que solamente los han acusado de genocidas y asesinos están dejando a México y a su gente sin su última línea de defensa. Nuestros soldados están limitados para intervenir en estos conflictos porque no tienen un régimen legal que les dé un marco normativo a su actuación. Tal vez esos grupos quieren que sean los norteamericanos los que enfrenten a los delincuentes y protejan a pueblo mexicano.

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