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EDITORIAL

Impunidad en Coahuila

ARCHIVO ADJUNTO

LUIS F. SALAZAR WOOLFOLK
miércoles 30 de octubre 2019, actualizada 7:31 am


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El día de ayer se produjeron dos sucesos relevantes en sendos procedimientos judiciales en casos de corrupción, seguidos en contra de personajes notables de la política nacional. El primero de ellos concierne a la aprehensión de Karime Macías, cónyuge del exgobernador de Veracruz Javier Duarte, quien fue detenida para efectos de extradición en la ciudad de Londres, Inglaterra, a pedido del Gobierno Mexicano.

La esposa de Duarte actualmente preso en la Ciudad de México, acusado de peculado y malversación de fondos públicos cuando fue gobernador de Veracruz, enfrenta cargos por lavado de dinero y se le señala como cómplice de su esposo en los delitos que a éste último se le imputan, por lo que se espera que la detención de Macías arroje datos que refuercen desde el punto de vista probatorio, el caso de corrupción que llevó a la quiebra a las finanzas del gobierno y al pueblo veracruzano.

El segundo de los casos se refiere al traslado físico a los Estados Unidos del exgobernador de Coahuila, Jorge Torres López, como última fase del proceso de extradición iniciado en 2013, que tuvo un impulso reciente en virtud de su detención en febrero de este año, en Puerto Vallarta Jalisco. Si bien Torres López ocupó el cargo de gobernador sólo unos meses en el año de 2011, operó como sustituto en el período de transición entre los gobiernos de los hermanos Humberto y Rubén Moreira y previamente participó en el gobierno de Moreira Humberto, como Secretario de Finanzas.

Jorge Torres enfrenta acusaciones ante una corte de Corpus Christi, Texas, como presunto responsable de lavado de dinero y tráfico de recursos de procedencia ilícita, con destino a un paraíso fiscal en el Mar Caribe. Hay quién supone que la extradición de Torres aportará elementos, que sumados a las declaraciones del también ex director del Sistema Estatal de Administración Tributaria Javier Villarreal, otros ex funcionarios del gobierno de Coahuila y algunos empresarios cómplices detenidos en los Estados Unidos, cerrará el cerco en torno a Humberto Moreira, en el caso del mega robo que generó la impagable deuda de Coahuila.

La administración de los Moreira no solo está manchada por la corrupción lisa y llana que implica la disposición ilícita de dinero público, sino que despide un tufo (Sergio Aguayo) a complicidad con el crimen organizado, lo que dejó una herencia de muertos y desaparecidos que visten de luto a miles de familias coahuilenses hasta nuestros días y que en su momento significó un problema de seguridad nacional para los Estados Unidos, en la frontera México texana.

Sin embargo la idea de que el cerco de la justicia esté por apretar a Humberto Moreira es demasiado optimista, porque deja de tomar en cuenta que en virtud de la sucesión entre hermanos y la prolongación del Moreirato en la administración de Miguel Riquelme, el sistema priísta moreirista ha tejido una red de impunidad y complicidades, que será difícil de erradicar. Como ejemplo de lo anterior, está el ascenso como Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado, de dos campeones de la impunidad, el ex procurador Homero Ramos Gloria y Adrián González Hernández, el Juez Penal que en su día absolvió a Javier Villarreal.

Por si lo anterior fuera poco, los organismos estatales autónomos que deberían ser en el caso aliados de la impartición de justicia es decir, el Sistema Anticorrupción y el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información, han servido de tapadera a las fechorías del Moreirato hasta el día de hoy y mientras Riquelme permanezca en el cargo, la posibilidad de un cambio al respecto es remota.

Es explicable que en tales circunstancias los coahuilenses volteen hacia el Gobierno Federal en busca de respuestas, pero las declaraciones vertidas hace días en Piedras Negras, por el Delegado Reyes Flores Hurtado, (El Siglo de Torreón, 4 de octubre de 2019), apuntan a que el Gobierno de López Obrador cifra las expectativas de justicia en el caso Moreira, en lo que puedan y quieran hacer las autoridades de Estados Unidos.

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