Así lo cuenta la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), en su informe "Prohibiciones y moratorias al fracking: legislación comparada", 2019: En 2010, el Ministro de Ecología, Energía y Desarrollo Sostenible, Jean-Louis Borloo, otorgó permisos de exploración de gas de esquisto en varias regiones del sur de Francia por períodos de tres a cinco años. Los permisos se otorgaron sin un estudio significativo sobre los riesgos ambientales del fracking y sin un debate público al respecto, lo que preocupó mucho a la ciudadanía. Ello generó una amplia y nutrida movilización y sensibilización de la sociedad francesa sobre el fracking y sus impactos.
En las áreas rurales, se realizaron manifestaciones masivas, concentraciones y campañas de recolección de firmas en contra del fracking.
En febrero de 2011, más de 15 mil personas se unieron para protestar en el pueblo de Villeneuve-de-Berg, cuya población es menor a 3 mil habitantes.
Grupos de ciudadanos activistas y autoridades locales elaboraron resoluciones de protesta y crearon sitios web de sensibilización y movilización contra el fracking.
Por su parte, los principales medios de comunicación del país hicieron eco de estas campañas.
Varias organizaciones sociales instauraron un día nacional contra la extracción del gas de esquisto en 2011, cuya conmemoración incluyó manifestaciones en más de 15 ciudades francesas.
Con el tiempo, el movimiento antifracking sumó más de 260 grupos activistas y alta participación de partidos políticos de oposición. En total, hubo casi 30 mil manifestaciones y protestas contra esta técnica.
Todo el proceso de movilización y sensibilización ciudadana presionó al partido político en función de gobierno, la Unión por un Movimiento Popular, a presentar un proyecto de ley para la prohibición del fracking en marzo de 2011.
El 13 de julio de 2011, con 176 votos a favor y 151 en contra, se promulgó la Ley 2011-835 de prohibición de la exploración y la explotación de yacimientos de hidrocarburos líquidos o gaseosos mediante fracturación hidráulica en Francia.
El artículo 1 establece: "La exploración y explotación de yacimientos de hidrocarburos líquidos o gaseosos, mediante la fracturación hidráulica de la roca, están prohibidas en territorio nacional".
El artículo 3 establece que los permisos exclusivos para explorar hidrocarburos serán revocados si sus titulares no cumplen con nuevas obligaciones contenidas en la ley de reportar información, o cuando hayan reportado que emplean o tienen intención de utilizar la perforación seguida de fracturación hidráulica de la roca.
La prohibición del fracking en Francia se basó en el principio de acción de prevención y de corrección de los daños al ambiente y, de modo indirecto, en el principio de precaución.
La versión inicial del proyecto de ley hacía referencia al principio de precaución, establecido en el artículo 5 de la Carta del Medio Ambiente.
El texto final de la ley aprobada reconoce a la Carta del Medio Ambiente de 2004 y al principio de prevención y de corrección, contemplado en el Código del Medio Ambiente, como base legal y conceptual para la prohibición de la fractura hidráulica.
Teniendo en cuenta que la Carta del Medio Ambiente contempla al principio de precaución en su articulado, ambos principios, tanto el de precaución como el de prevención, constituyen la base de la ley.
El artículo 5 de la Carta del Medio Ambiente dispone: "Cuando se pueda producir un daño, aunque sea impredecible en el estado actual del conocimiento científico, y éste pueda afectar grave e irreversiblemente al ambiente, las autoridades públicas garantizarán, en respeto y aplicación del principio de precaución y en sus ámbitos de competencia, la implementación de procedimientos de evaluación de riesgos y la adopción de medidas provisionales y proporcionales al riesgo generado con el fin de evitar que ocurra ese daño".
El artículo L-110-I del Código del Medio Ambiente señala que "el principio de acción de prevención y de corrección de los daños al ambiente, preferentemente en la fuente misma, utilizando las mejores técnicas disponibles con un coste económico aceptable", es uno de los pilares de la legislación ambiental francesa.
La compañía hidrocarburífera estadounidense Schuepbach Energy, cuyos permisos para fracking fueron revocados en aplicación de la ley de prohibición, demandó, pero la Corte Constitucional de Francia rechazó sus argumentos.
