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EDITORIAL

Los cómplices

SERGIO AGUAYO
miércoles 16 de octubre 2019, actualizada 7:23 am


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En mi litigio contra el exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira, he padecido la parcialidad de la justicia capitalina.

Mi trabajo depende de la información verificada. Cuando escribí una columna sobre la detención de Humberto Moreira en Madrid (enero de 2016) tenía copia del acta de la Audiencia Nacional de España. Moreira estaba en prisión, como presunto responsable de "blanquear capitales", "pertenencia a organización criminal", "malversación de caudales públicos" y "cohecho". Con eso y otros documentos, aseguré que Moreira olía a corrupto, había violado derechos humanos y era ejemplo de impunidad.

Esperó seis meses para demandarme por daño moral. Lo hizo en un juzgado civil de la CdMx y pedía 10 millones de pesos. Durante los primeros siete meses padecí a un juez, Alejandro Rivera Rodríguez, determinado a complacer al exgobernador. Para enfrentar el acoso, presenté una queja ante el Consejo de la Judicatura capitalino.

En tanto resolvían mi inconformidad, el juez Rivera me obligó a depositar una fianza por 225 mil pesos; luego, ordenó entregar ese dinero a Moreira. Cuando apelé, se subió al escenario el Magistrado Francisco Huber Olea; protegió tanto a Moreira, que se rehusaba a obedecer la orden de la justicia federal: debían restituirme los 225 mil pesos.

Cuando la queja surtió efecto, el primer juez (Alejandro) salió del caso; lo sustituyó Francisco Castillo González, quien durante un par de años, trató con profesionalismo el asunto. En marzo de este año emitió un fallo dándome la razón. La sentencia, muy sólida, fue apelada por Moreira y ¿qué creen? ¡El caso fue entregado al Magistrado Huber! Reaccioné escribiéndole una carta al presidente del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX, Rafael Guerra Álvarez. Fundamenté "la parcialidad del Magistrado Olea" y solicité, por escrito y con llamada telefónica, una reunión con el presidente del tribunal. Jamás me respondió; su desdén anticipaba el desenlace. La semana pasada el Magistrado Huber me sentenció a pagarle 10 millones de pesos a Moreira y el costo de varias inserciones.

Durante estos años, también constaté la protección recibida por Moreira desde los círculos de poder federales y estatales. Dejo por ahora ese ángulo, para centrarme en el fondo de la demanda. Moreira me demandó -sostengo como hipótesis de trabajo- cuando empecé a coordinar investigaciones académicas sobre la presencia del crimen organizado en Coahuila, durante sus años de gobernador.

La hipótesis se sostiene. En aquel tiempo, el penal de Piedras Negras era controlado por los Zetas. Era el cuartel desde el cual salían a delinquir, el centro de internamiento para secuestrados, el campo de exterminio y el taller donde instalaban los compartimentos secretos en los autos que pasaban narcóticos a Estados Unidos. Esas instalaciones eran pagadas íntegramente por el gobierno del estado de Coahuila. Esa situación era conocida y tolerada por altos funcionarios del gobierno de Humberto Moreira. ¿Estaba enterado el entonces gobernador? No lo sé, porque las autoridades mexicanas jamás han investigado esa pista. Tal vez nunca lo hagan.

Por ahora, continúa el litigio por daño moral. Además de presentar un amparo directo ante la justicia federal impugnando la decisión del Magistrado Huber; también entregaré una queja formal en su contra, ante el Consejo de la Judicatura. La protección concedida a Moreira huele a conflictos de interés y tráfico de influencias. A un hermano del Magistrado Huber lo hizo notario Rubén Moreira y, según me dicen fuentes confiables, existen relaciones de amistad entre el Magistrado y Humberto. ¿Lo investigarán?

Mis problemas jurídicos se enmarcan en la costumbre de los poderosos de demandar por daño moral a los periodistas incómodos. Ese hostigamiento e intimidación funciona por leyes defectuosas y jueces dispuestos a aceptar demandas frívolas. A través de las organizaciones que me representan -Artículo 19 y Propuesta Cívica- buscaremos apoyos dentro y fuera de México, para modificar las normas y prácticas que facilitan los ataques a la libertad de expresión e investigación. Libertades indispensables para documentar el funcionamiento de la corrupción y la violencia. Un saldo del litigio que enfrento, es la parcialidad del poder judicial de la CdMx. El pasado, correoso, se resiste a desaparecer.

@sergioaguayo
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