En los últimos días la atención pública en la metrópoli de la Comarca Lagunera se ha concentrado en noticias que, en una mirada superficial, pasarían como hechos aislados. Pero el incremento en los accidentes viales; la incertidumbre que priva en el Metrobús; la posibilidad de un nuevo incremento en el transporte, y las diferencias entre el ayuntamiento de Torreón y el gobierno de Coahuila por los operativos contra vehículos sin placas vigentes, no son asuntos aislados. Todos estos temas están relacionados con una realidad innegable: la falta de una política metropolitana integral en materia de movilidad.
Reportes periodísticos apuntan a un aumento preocupante en el número de accidentes de vialidad y, más grave aún, a un repunte en las muertes relacionadas con la mezcla irresponsable de alcohol y volante. Estos hechos no son producto del azar ni surgen por generación espontánea. Hacer un recorrido con atención y consciencia por la zona metropolitana nos permite apreciar las graves deficiencias que existen en materia de infraestructura vial: desde el pavimento semidestruido y siempre en eterna perforación o reparación de las calles, hasta la ausencia de banquetas transitables y espacios dignos para personas con discapacidad o que se mueven en bicicleta, pasando por la inexistencia o el deterioro de pintura, señalética, semáforos, etc. A esto habría que sumar también el descontrol total que impera en la instalación de "moderadores", boyas o topes, esa muestra clara del fracaso de todas las medidas oficiales de control de velocidad.
Pero los problemas viales no se quedan ahí. Si alguna vez los reglamentos de movilidad o tránsito de los municipios conurbados estuvieron homologados, hoy se encuentran nuevamente desvinculados, y un conductor se puede topar con la aberración de estar bajo seis normas distintas (dos estatales y cuatro municipales) en un mismo recorrido. Por si fuera poco, los operativos de alcoholemia han sido rebasados por la realidad de una sociedad que no encuentra mecanismos para ejercer con responsabilidad sus libertades, una tarea en la que deberían estar involucrados todos los actores, con diferentes enfoques, y no sólo las autoridades con una exclusiva visión punitiva. Y esto último tiene que ver también con la laxitud con la que se otorgan las licencias de conducir, sin un ejercicio riguroso de examen y revisión de las capacidades de quienes aspiran a conducir.
Vayamos más allá, porque el tema es aún más complejo. Hoy padecemos como sociedad la falta de visión, negligencia y omisión de autoridades actuales y anteriores en materia de planeación urbana. Durante décadas la prioridad de los gobiernos en infraestructura vial ha sido la ampliación de la superficie para la circulación de vehículos dentro de un modelo de dispersión de las ciudades, con lo cual se ha fomentado el incremento del parque vehicular que en varios puntos se encuentra en fase de saturación. El concepto de movilidad alternativa apenas si se ha explorado mientras que el transporte público se mantiene hundido en el rezago por los fuertes intereses políticos y económicos de quienes entregan las concesiones y de quienes las reciben.
Y es así como de los autos pasamos a los autobuses. Durante décadas, el transporte público ha sido un dolor de cabeza para los usuarios. Pese a las promesas de campaña y los intentos de poner orden, las rutas siguen estando concentradas en ciertas vialidades y desvinculadas unas de otras; los autobuses son viejos, incómodos y descuidados; los conductores no están debidamente identificados ni capacitados para dar un buen servicio, y el precio que pagan los usuarios es muy alto dadas las condiciones que tienen que sufrir. Lo peor del caso es que en todo debate sobre el transporte siempre se echa de menos la voz de quien debiera ser el principal beneficiado. El aumento de la tarifa se vuelve una negociación exclusiva entre autoridad y concesionario en la que, por cierto, la primera siempre termina, tarde o temprano, cediendo ante el segundo.
El Metrobús se vendió en un principio como el gran proyecto que vendría a poner orden a todo el sistema de transporte de la zona metropolitana de La Laguna. En el papel se plasmaba con un verdadero parteaguas. Pero no ha sido así y, hay que decirlo, lo más probable es que nunca llegue a serlo. El proyecto está detenido en Durango y en Coahuila avanza sin pies ni cabeza y sin lograr concretar aún el modelo de negocio para la ruta troncal y las rutas alimentadoras. Para colmo, el fantasma de la cancelación se ha posado sobre el proyecto, pese a los cientos de millones de pesos ya invertidos, debido a las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador. Mientras tanto, los concesionarios siguen desafiando al gobierno.
Al final, con o sin Metrobús, el problema del transporte en La Laguna se evidencia como un verdadero galimatías en donde existen injerencias federales, estatales y municipales sin que ninguna dependencia gubernamental pueda establecer controles de calidad y un mínimo de orden en beneficio del usuario. Una actuación uniforme y en bloque de las autoridades de los tres niveles de gobierno y de ambos estados obligaría a los transportistas a cambiar las condiciones del servicio y a sujetarse al principio de mejora continua en la atención a la ciudadanía. Pero para que eso ocurra, primero tendría que haber un acuerdo de voluntades entre dichas autoridades.
Una muestra de las diferencias de visión entre gobiernos la da precisamente el operativo de retiro de autos sin placas vigentes. Desde sexenios anteriores, el gobierno de Coahuila ha desplegado dichos operativos bajo la justificación de la seguridad pública, pero con la finalidad no manifiesta de recaudar más recursos a través del replaqueo. Esto es así ya que con dichos operativos es imposible que se retire a la totalidad de los autos sin placas, y hay que reconocer que esas acciones más bien sirven como medida de impacto para "asustar" a los automovilistas. Hace unos días el alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, levantó polémica al ir personalmente a quitar uno de los retenes del operativo bajo la justificación de que se estaba afectando a los ciudadanos en su circulación. La falta de coordinación no puede ser más evidente.
Si el reglamento de movilidad municipal indica claramente que una de las causas de infracción es la no portación de placas vigentes, debería ser suficiente que los agentes de tránsito locales hicieran su trabajo y multaran a todos aquellos conductores que incumplieran la norma en ese punto. De esta manera, el gobierno estatal cumpliría su objetivo de plaquear y actualizar el parque vehicular particular, y el ayuntamiento cumpliría con su responsabilidad de sancionar a quienes infringen el reglamento. Pero tal vez sea mucho pedir en una región en donde mientras en un estado, Durango, las placas tienen vigencia de seis años, en el otro, Coahuila, sólo tres. Todas estas diferencias son, por dondequiera verse, un sinsentido.
Lo más lamentable de esta aberrante realidad es que pareciera que los laguneros nos hemos acostumbrado a este sinsentido. Que nos hemos acostumbrado a transitar calles llenas de baches y zanjas mal cubiertas. A soportar las molestias de obras como el Metrobús, que no sólo no se concluye, sino que, incluso, en varios tramos retrocede o parece volver a empezar por fallas o faltas de previsión. A arriesgar la integridad física cuando se camina la ciudad o se recorre en bicicleta. A sufrir todo tipo de inconvenientes al trasladarse a bordo de un autobús del transporte público. A contar trágicamente las muertes derivadas del fracaso de los operativos de alcoholemia. A tener que responder a reglamentaciones diferentes y a veces contradictorias. En suma, nos hemos acostumbrado a vivir en una ciudad que es hostil, inconexa y confusa en su espacio común y de tránsito.
Por eso es importante visibilizar el profundo daño que ocasiona el carecer de una política metropolitana integral en materia de movilidad. Porque las pérdidas económicas son cuantiosas dados los accidentes y retrasos causados por las complicaciones de tránsito en la metrópoli. Porque la factura social de la desigualdad entre quienes pueden moverse en auto y quienes tienen que hacerlo en transporte público es altísima. Porque la falta de voluntad de las autoridades y la escasa presión de la sociedad en este tema está costando vidas y está condenando a toda una generación a la fractura social, la desconfianza, el aislamiento o el exilio.
Cuando la mancha urbana no se había expandido tanto en La Laguna, los efectos de una movilidad deficiente se sentían menos debido a la cortedad relativa de todos los traslados. Pero hoy, el gran tamaño de la zona conurbada y, sobre todo, su desarticulación interna, es decir, entre municipios metropolitanos, y externa, o sea, con el resto de la región, han incrementado exponencialmente las consecuencias de haber abandonado el tema de la movilidad integral metropolitana. Es cierto: corregir el rumbo nos costará mucho como sociedad. Pero nos costará más si no lo hacemos.
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