La institución de revocación del mandato figura en las legislaciones de algunos países y se considera una forma avanzada de "democracia directa", la que dota al ciudadano de un poder omnímodo que cuelga como la clásica espada sobre el funcionario.
Como medida de control, es buena la intención, pero como institución constitucional resulta un artefacto jurídico que implica consecuencias muy distintas a la de simplemente purgar al sistema político de ineptitud o corrupción.
En efecto, la revocación del mandato tiene por propósito detener el comportamiento del funcionario si un porcentaje atendible del electorado está convencido de que la única forma de eliminar indeseables es privar al funcionario de su cargo y entregar éste a mejores manos; seguir tolerando las acciones del individuo en cuestión es dañino para el país. La ciudadanía que colocó con sus votos en el poder al individuo que ahora se rechaza tiene todo el derecho a quitarlo.
Hasta aquí las premisas del asunto. Para sorpresa de algunos observadores los legisladores de oposición aceptaron en principio la revocación, para luego discutir en detalle la iniciativa sin reparar que por mucho que la restrinjan al electorado, eviten que coincida con las elecciones intermedias, o que se encargue su organización al incorruptible INE; hay un inevitable problema que surge al producir el mismo resultado que su mismo nombre indica.
Los experimentados legisladores no han pensado en el brete en que queda la nación en el caso de certificarse que procede la revocación. Conforme a la propuesta, el repentino vacío se soluciona en el Congreso, sea su presidente, sea por votación. El presidente así designado podría o no, según la fecha de la consulta, tener la responsabilidad de organizar nuevas elecciones presidenciales.
El asunto inexplorado es quién llena el hueco en caso de darse la revocación. Suponiendo que sea una figura del mismo partido en el poder se entenderá que seguirá con los mismos principios de su antecesor. Si el rechazo expresado es, en cambio, para rechazar los manejos del destituido, el nuevo presidente de la República hará lo necesario dentro de su achicado sexenio por enderezar lo equivocado. En el trozo del sexenio que falta por cumplirse, queda interrumpida la inercia de los programas en curso.
Es curioso que las deliberaciones sobre el asunto se ubican en un vacío temporal que solo toma en cuenta la coyuntura actual. No prevé las que inevitablemente se presentarán después del actual sexenio.
Si el mecanismo que el Senado aún tiene que afinar en estos días para obsequiar los deseos del presidente, generara la revocación, y confirmara la desaprobación popular del presidente, la inédita situación generaría nuevos problemas.
La revocación del mandato tiene largos alcances. La urgencia que AMLO expresa en acelerar el proceso legislativo da cuenta de su interés en el ejercicio. Lo muy grave de todo esto es el mensaje que el instrumento de revocación del mandato manda a un electorado que no quiere de los políticos sino resultados tangibles a nivel de su vida diaria.
Un resultado en el sentido de que habría que cambiar de presidente porque el que está no sirvió, significaría que la decisión del pueblo pudo haber sido buena al elegir al presidente que luego decepcionó pero que en México todo tiene solución. La revocación enmendará el error.
Destituir a un Presidente por razones que no sean de alta traición o por crímenes detestables, nos da una vez más la bendita facilidad de dejar en el abandono los planes y proyectos iniciados por la administración repudiada para volver reponer los pasos iniciales del sexenio. Tiempo perdido por rivalidades y guerras entre partidos, muchas veces solo entre personalidades ambiciosas. Las campañas que se desaten para llegar a un presidente sustituto serán un nuevo dispendio de personas y recursos oficiales.
