Las otras víctimas del 26 de septiembre

La noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Miguel Ríos Ney viajaba en el autobús del equipo Los Avispones cuando en el crucero de Santa Teresa recibió cinco balazos, uno en la pierna, otro en la rodilla, dos en el estómago y uno más en el codo.

Por ese ataque, Miguel ha pasado por un proceso largo de rehabilitación que incluye cinco cirugías. Durante más de cuatro años estuvo yendo cada semana a terapias dolorosas. Intentar reactivarle el nervio cubital que rompió la bala que le impactó en el codo fue tortuoso. Al final no pudieron. Su mano izquierda tiene un movimiento parcial, dos dedos están inmóviles. Y su rodilla no resiste las jornadas de un atleta.

Miguel concluyó la licenciatura en Administración de Empresas en la Universidad del Futbol del equipo Pachuca. Para lograrlo, él y su familia estuvieron al límite. Terminaron llenos de deudas, principalmente, por el incumplimiento del Gobierno federal en el pago de la beca.

Ahora, atiende un negocio que montó con ayuda de sus padres: vende pintura en un poblado de Guerrero. Intenta rehacer su vida, después de que su sueño de ser futbolista profesional quedó truncado por una bala que le atravesó la rodilla.

Miguel, con el apoyo de su familia, mantienen dos luchas constantes desde la noche trágica: su rehabilitación y la exigencia para que el Estado reconozca que es víctima de una violación grave a los derechos humanos. Las dos han sido costosas y agobiantes.

Tuvieron que demandar a las instituciones y apenas en 2018 lograron que un juez obligara a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a reconocerlo como víctima.

El reconocimiento no fue casual, el resultado de una prueba de balística determinó que una ojiva que impactó en Miguel salió de un arma a cargo de un agente de la policía de Iguala.

En la recomendación 15VG/2018 emitida por el caso Ayotzinapa, la CNDH precisa que 20 casquillos calibre .223 localizados en el crucero de Santa Teresa procedieron de armas de la policía de Iguala. Al menos dos casquillos salieron de fusiles semiautomáticos marca Beretta modelo SCP 70/90 con series A-12062G y A-24801G a cargo de los agentes de Iguala Salvador Herrera Román y Raúl Cisneros García, respectivamente, de acuerdo con la asignación del armamento de la corporación, como lo documentó la CNDH.

La comisión también documentó la localización de casquillos de armas asignadas a la policía de Huitzuco en el crucero de Santa Teresa.

Para Miguel y su familia el reconocimiento apenas fue el primer paso. Ahora están en una disputa legal con la Comisión Ejecutiva para la Atención de Víctimas (CEAV) para que acate lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le ordenó: darles una indemnización adecuada.

PROMESAS INCUMPLIDAS

La noche del 26 de septiembre, a Miguel lo recogió su papá de la maleza cuando temblaba de frío y se resistía por no quedarse dormido. Una hora antes, había debutado como futbolista de tercera división, entró los últimos 20 minutos como defensa central. Esos han sido los únicos minutos dentro de una cancha jugando en plenitud física.

Ahora, juega en un equipo amateur en el pueblo donde vende pinturas. Lo hace sabiendo que después le vendrá un dolor insoportable en la rodilla.

Como casi todo el asunto Ayotzinapa, el tema de la reparación de los daños ha está plagado de irregularidades. En el caso de Miguel, inicialmente la indemnización consistió en el pago de 600 mil pesos, la inscripción al Seguro Popular para su rehabilitación, el ingreso de su madre al programa Prospera, el pago de una beca en la Universidad del Futbol del equipo Pachuca y la entrega de un departamento.

Todos esos apoyos han sido a medias. Primero, explica don Miguel, no lo inscribieron al Seguro Popular porque el servicio era sólo para atender el cuadro básico de enfermedades y no una rehabilitación; la beca fue cubierta año y medio, los dos años y medio restantes, la familia se hizo cargo: pagar 22 mil pesos mensuales les generó deudas que siguen vigentes. Y el departamento que le entregaron, hace dos años fue reclamado por el Infonavit porque la Sedatu nunca cubrió el costo. Lo siguen utilizando, pero no tienen ninguna certeza legal del inmueble.

En cuanto a la beca, don Miguel explica que al año y medio los directivos de la escuela le informaron que no podían seguir cubriendo el costo. Para que continuara le propusieron que hiciera sus estudios en un sistema a distancia y lo pasarían a tercera división. La familia no aceptó.

"Nosotros no queríamos truncarle el sueño de ser futbolista, él ya se había adaptado al equipo y a la escuela y que lo pasaran a tercera pues sí era un retroceso", dice.

Así que decidieron absorber el costo: 22 mil pesos mensuales, para que Miguel estudiara Administración de Empresas y jugara en el equipo de segunda división. Un día, Miguel les dijo a sus padres que ya no se preocuparan, que sólo se iba a dedicar a estudiar. Entonces se graduó y ahora montó un negocio.

Sin embargo, las deudas continúan. Ahora pagan abogados para que la CEAV atienda la resolución de la SCJN y adecue la indemnización.

"Los 600 mil pesos que nos dieron nunca fueron suficientes, en la rehabilitación, en la que le hicieron cinco cirugías, gastamos más de un millón y medio", calcula.

Pero lo peor, dice el padre de Miguel, el ataque nos dejó otro problema: no vivimos tranquilos. "Cada vez que nos marca Miguel por el celular es mucho nervio, cuando lo balacearon él fue el que nos avisó".

LA MALA RACHA ATRAPÓ AL EQUIPO DE FUTBOL

Desde 2014, cuando el equipo Los Avispones fue atacado en el crucero de Santa Teresa, se fue quedando sin apoyos. Esa noche del 26 de septiembre era el inicio de temporada y Los Avispones ganaron 3 a 1 al equipo de Iguala. Al término del partido decidieron salir de inmediato, al enterarse de que en el centro de la ciudad había balaceras; en realidad eran los ataques que estaban sufriendo los estudiantes normalistas.

Cuando salían de Iguala, los detuvieron en un retén que instaló la Policía Federal, cerca del Palacio de Justicia. A los autos y camiones los desviaron por un camino rural, a los autobuses los retuvieron. Ahí estuvieron unos 15 minutos. A las 23:30 horas los dejaron pasar y siete minutos después el infierno se les vino encima. Policías de Iguala, Huitzuco y presuntos criminales los atacaron a tiros por un costado y por enfrente. Quedaron en la carrocería del autobús 80 disparos. Murió "El Zurdito", David Josué García Evangelista, un adolescente que no tuvo tiempo de debutar. El chofer, Víctor Manuel Lugo, y otros 21 quedaron heridos.

Ese año, la FMF dictaminó que una franquicia de un equipo de futbol profesional no podía ser administrada por el ayuntamiento, como lo hacía el de Chilpancingo desde hace 25 años.

Ese dictamen dio pie para que los gobiernos locales les retiraran el apoyo. Esta temporada el equipo estuvo a punto de quedar fuera de la liga, no contaba con dinero para el registro de los jugadores, del cuerpo técnico, la inscripción y los uniformes. Un día, tuvieron que salir a botear para recaudar fondos y fue entonces cuando las autoridades los voltearon a ver. Al cierre del plazo, Los Avispones se registraron para la temporada 2019-2020.

El conjunto de futbol se convirtió en una asociación civil y actualmente no cuenta con dirigente, el último, Marco Iván Rodríguez Navarrete, fue asesinado en mayo pasado.

La ausencia de un presidente en el equipo les ha traído problemas legales y administrativos: no pueden gestionar o generar recursos para el financiamiento del grupo.

Este año, el Gobierno municipal le dio un millón de pesos, sobre todo, para el pago de la nómina de los 35 jugadores y el cuerpo técnico, pero no se presupuestó la inscripción ni el registro. Necesitan alrededor de 2 millones de pesos sólo para cubrir traslados, salarios, utensilios y hospedajes.

Los Avispones desde hace tiempo funcionan en los límites, por ejemplo, un jugador que vive en Chilpancingo gana 500 pesos quincenales; mientras que los foráneos, los que vienen de otros municipios cobran mil pesos, que incluyen su pago, más su hospedaje y alimentación.

"Muchas veces no tenemos qué ofrecerle a los chavos, muchos nos cuestionan que el equipo tiene 30 años y no sube de categoría, pero la razón es que mientras no se le invierta no habrá posibilidad de crecer", explican los integrantes de la asociación civil.

La incertidumbre económica se traduce en incertidumbre deportiva, muchas veces por la falta de condiciones, los jugadores, sobre todo los foráneos, se ven obligados a desertar, a dejar el equipo a media temporada.

Por esa razón, explica el vicepresidente de la asociación, siempre buscan registrar a más de 30 jugadores, para que en medio de la temporada el conjunto no se desarme. En esta temporada ya salvaron su participación, pero la incertidumbre económica sigue. Cuando el ayuntamiento los dejó no se planeó nada para que fuera autosuficiente.

Los Avispones no tienen estadio, cada 15 días juegan en el Polideportivo de Chilpancingo, propiedad del gobierno estatal; de las entradas y la venta de bebidas, nada se les queda.

Exigen videos del caso Iguala

Estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa vandalizaron las instalaciones del Palacio de Justicia en Iguala para exigir que entreguen los videos de esa noche del 26 de septiembre, cuando policías atacaron el autobús de donde bajaron a muchos de los 43 normalistas desaparecidos.

Este mediodía de lunes, padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos junto con estudiante de Ayotzinapa protestaron en el Palacio de Justicia de Iguala.

Al inicio los padres y madres realizaron un mitin donde denunciaron la mala investigación que armó la entonces Procuraduría General de la República (PGR) y por eso están siendo liberados presuntos implicados en la desaparición de sus hijos.

Apenas el 14 de septiembre, un juez federal ordenó la liberación de 24 personas, entre policías de Iguala y Cocula. Días antes, fue liberado el presunto líder de la organización criminal, Guerreros Unidos, Gildardo Astudillo, el Cabo Gil, acusado de ser el operador del ataque, asesinato y desaparición de los normalistas.

Los padres y madres exigieron a la Fiscalía General de la República (FGR) vuelva investigar a los liberados.

En el mitin, exigieron que el Poder Judicial de Guerrero entregue los videos del Palacio de Justicia de Iguala que está justo a un costado del puente El Chipote, donde policías, según se ha documentado, de diversas corporaciones, detuvieron el autobús donde viajaban los normalistas.

Ahí, los policías atacaron a tiros a los estudiantes y después se llevaron a otros.

Al término del mitin, los estudiantes lanzaron petardos contra el edificio del Palacio de Justicia e hicieron pintas.

Después en 19 autobuses los padres y madres junto con los estudiantes se retiraron.