De poco sirven las buenas intenciones si no están acompañadas de acciones coercitivas que obliguen a los ciudadanos a cumplir con la ley. Lejos de lo que muchos creen, el problema del agua no es exclusivo de La Laguna, como tampoco de México. El presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, por fin dijo claro que el Gobierno federal sí le entrará al proyecto de potabilizar el agua de la presa Lázaro Cárdenas para solucionar el desabasto en nuestra región. La semana pasada la propia Conagua, la misma institución que tiene en sus manos el proyecto de la potabilizadora para La Laguna, dio a conocer que el 50 por ciento de las presas en el país tienen niveles bajos, en parte por la sequía general que causa el cambio climático, alterando los ciclos de lluvia; pero también gracias a la sobreexplotación humana del agua. Del consumo de agua la mayor parte se destina a la industria y el campo, y mientras a diario se realizan campañas para concientizar a los usuarios (de casa habitación) sobre el cuidado del agua. No se ve, al menos públicamente, ninguna campaña por parte de las autoridades para generar conciencia, por ejemplo, a quienes explotan el campo para que modernicen sus sistemas de riego, o recurran a medidores de agua que permitan monitorear su consumo como lo hace una casa. Eso que hace unos años se pensaba algún día llegaría, la falta de agua, es una realidad a la que se le buscan soluciones urgentes hoy en día. Sin embargo, más allá de las obligaciones morales, existen marcos jurídicos que se deberían estar cumpliendo, lo cual obliga a que las instituciones municipales tengan una red moderna que no presente fugas considerables, como sucede en la mayoría de los municipios en La Laguna; pero también esa ley que haga que los ciudadanos paguen, porque conocer datos como que en Lerdo solo 3 de cada 10 ciudadanos pagan su consumo de agua nos ayuda a entender una cruda y triste realidad. Aunque de nada sirve si ese marco legal solo se aplica a los ciudadanos y las empresas encargadas de llevar el agua a sus casas. La industria y el campo deben empezar a entender que ellos también necesitan cuidar el agua, y una buena manera podría ser respetando esa ley que prohíbe, por ejemplo, operar con sistemas obsoletos de riego, o explotar pozos sin una medición adecuada. Ojalá este sea el inicio de un proyecto que se traduzca en una mejora a la calidad de vida de los laguneros, en esta ocasión desde el derecho humano del agua, pero también un momento para reflexionar sobre qué vamos a heredar a las futuras generaciones.
