Se conoce el dato sobre el comportamiento del Producto Interno Bruto (PIB) en el segundo trimestre del año. Con relación al trimestre anterior hay una ligera variación positiva de 0.1%. Algo mayor es el incremento al comparar el segundo trimestre de 2019 con el mismo periodo de 2018, de 0.4%. La cifra es muy semejante si se coteja el primer semestre del año con el desempeño en el periodo semejante en 2018.
Son datos que dan cuenta de un crecimiento por abajo del que tiene la población y menor a las estimaciones previstas en los Criterios Generales de Política Económica para el año en curso.
Otros datos sobre el desempeño de las finanzas públicas y el ejercicio inmediato del gasto público dados a conocer recientemente son parte del mismo escenario de discusión sobre las características actuales de la dinámica de la economía.
Los balances de las finanzas públicas al final del primer semestre de 2019 presentan, según el informe de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), mejores resultados que lo programado.
El balance primario es positivo en una cifra superior a lo programado y el déficit del balance público final es menor a lo previsto para el periodo. Es necesario destacar que el resultado considera un ejercicio del gasto programado menor a lo establecido, pero también un gasto menor en la parte no programable debido a un pago inferior en intereses de la deuda pública.
La reducción del costo de la deuda pública es un dato positivo. Distinto es el caso de un ejercicio menor a lo previsto en el conjunto del gasto programado. Un aspecto relevante en materia del gasto programado es la cantidad destinada a inversión. El antecedente son meses, desde el anterior gobierno federal, en que la formación de capital no registra cifras positivas relevantes. Por ello, destinar recursos en inversión es un asunto sustancial e impostergable.
Sobre el ejercicio del gasto público, la SHCP sostiene que en el año se ejecutará lo programado. Pero además, anunció un conjunto de medidas para apoyar a la economía, reconociendo que se observa una desaceleración. Los recursos involucrados suman 485 mil millones de pesos para la creación de infraestructura, impulsar la inversión física y el consumo privado, y adelantar los procesos de licitación del gobierno federal correspondientes al ejercicio fiscal de 2020.
Sin entrar al detalle sobre las medidas propuestas, destaca el énfasis en materia de inversión. Pero también la activación de la banca de desarrollo y de otros instrumentos financieros con los que cuenta el gobierno federal, y más ampliamente el sector público para actuar en la economía e impulsar el crecimiento. Por ejemplo, se considera otorgar créditos a más de 500 mil productores del sector agroalimentario de la región sur-sureste del país para apoyar toda la cadena de producción mediante recursos del FIRA, fideicomisos instituidos desde hace años para apoyar a la agricultura. También se activarán Nafin y Bancomext para otorgar créditos a proveedores de Pemex y contratistas del gobierno federal, por un lado y por otro a proyectos en materia del sector de energía.
Recuperar todas las capacidades de impulso de la actividad económica con las que cuenta el Estado es una condición para lograr el cambio. Un crecimiento de 1%, 2% o 3% no permite una transformación sustantiva de la economía y menos genera condiciones para avanzar en la reconstrucción de un estado de bienestar para el conjunto de la población.
La disputa sobre el crecimiento tiene una solución positiva en tanto se sumen todas las acciones para movilizar la fuerza del Estado y de muy diversos grupos sociales en la tarea de incrementar la inversión y con ella los trabajos dignos para cada vez más habitantes del país. Si consideramos que un crecimiento del PIB en el largo plazo de alrededor de 2.5% es casi el mismo de la población, son muchos años con estancamiento económico. Esa realidad social presente desde hace décadas es la que debe ser modificada para avanzar en el desarrollo de la nación.
